El ruido de los disparos hizo que la gente corriera despavorida. Unos se lanzaron al piso de tierra y otros se ocultaron detrás de las mesas de madera. Incluso, unas gradas de metal sirvieron para protegerse del cruce de las balas que se generó la noche del lunes 16 de agosto del 2021, en el cantón Santa Lucía, en Guayas.
Eran cerca de 150 personas que estaban en una gallera clandestina, cuando un grupo de sicarios llegó y disparó contra un hombre que participaba en el evento. La Policía dijo que la víctima tenía custodios armados y también abrieron fuego para defenderlo. En total, cuatro hombres resultaron gravemente heridos.
Con este nuevo episodio de violencia, en lo que va del año, la Policía contabiliza más de 38 balaceras a escala nacional. En la mayoría hubo fallecidos y eso se refleja en las estadísticas oficiales. Entre enero y junio de este año, se han registrado 1 028 crímenes en todo el país.
Esa cifra se acerca al total de asesinatos que se perpetró en el 2020, en medio de la pandemia por el covid-19. Durante ese año se reportaron 1 372 crímenes y la tasa de homicidios en Ecuador se ubicó en su punto más alto desde el año 2015.
Organizaciones internacionales, como InSigth Crime, indicaron que “a pesar de que el país ha disfrutado de tasas de violencia relativamente bajas, en el 2020 experimentó un repunte en los asesinatos, como parte de una tendencia creciente”. Menciona a Guayaquil como el punto más crítico de la violencia y la principal causa serían los constantes enfrentamientos entre bandas narcodelictivas.
Información oficial también corrobora esta realidad y señala a la muerte de alias Rasquiña, jefe de Los Choneros, como el origen de la disputa desatada entre las mafias. Ese deceso ocurrió en diciembre pasado.
Desde entonces, los agentes de la Dinased (Policía especializada en muertes violentas) de cada provincia envían reportes mensuales a las oficinas de Quito. A través de esos datos se estableció que los crímenes van en aumento en provincias como Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Guayas. En este año, los asesinatos incluso se han triplicado en esas zonas.
Hace 20 días, un grupo de desconocidos fuertemente armados atacó a policías que laboran en Manta. En el cruce de balas una bebé de ocho meses resultó herida. La gente aún recuerda cómo la mamá le pedía a gritos que no cierre sus ojos mientras corría al hospital.
En Quevedo, en cambio, cinco familias perdieron a seres queridos en una balacera en julio pasado. Grupos armados se enfrentaron en las calles de un popular barrio de esa ciudad.
Organismos de Derechos Humanos, como la Defensoría del Pueblo y el Comité Permanente por la Defensa de DD.HH., han exhortado al Gobierno para que frene los crímenes. Otras siete autoridades de localidades de la Costa también han solicitado un incremento de agentes y de intervenciones policiales.
Una de estas fue Posorja. Allí, hasta ahora, el comando policial permanece atrincherado con mallas metálicas. En junio pasado, los policías tuvieron que levantar ocho cadáveres en dos semanas. Las víctimas fueron atacadas con armas de grueso calibre y hasta con explosivos de uso militar.
Para frenar estos hechos, la Policía ha puesto en marcha una serie de intervenciones y programas de prevención.
En las dos ciudades más violentas (Guayaquil y Durán), los agentes policiales conformaron grupos para realizar inspecciones de armas en las calles. Otros uniformados se desplazan por los barrios más populares y destruyen sitios ocupados por las mafias para organizar sus crímenes.
En los Guasmos, por ejemplo, se han desplegado tres intervenciones en los últimos dos meses. Por otra parte, la Policía lanzó la campaña denominada “Yo vivo mi barrio sin drogas”. La idea es recuperar espacios públicos, como parques, para que no sean utilizados por las mafias. En dos meses ya han visitado 15 zonas de Guayaquil y Durán, pero los asesinatos no cesan.