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Clínicas privadas de rehabilitación operan por años sin los permisos

Chicos con problemas de adicciones a drogas asisten cada semana a unas charlas. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Cinco años le ha costado a Marco dejar de consumir drogas. Hoy tiene 23 años y vive en una ciudadela del norte de Guayaquil.

Cada día se levanta y viaja en bus por una hora hasta el sur de la ciudad. Allí está la clínica de rehabilitación privada que lo ayudó. Es una casa de tres pisos. Un guardia custodia la entrada. En el interior hay un salón con televisión y juegos de mesa. A un costado se divisa una piscina.

Allí, Marco cuenta que su familia lo internó cuando empezó a dormir en las calles. La cocaína, marihuana y la ‘hache’ lo desorientaba y no podía moverse. Pasaba acostado debajo de los puentes o en las esquinas de los mercados.

Al principio quisieron internarlo en una clínica del Estado, pero en Guayaquil apenas hay tres CETAD públicos (Centros Especializados en Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Drogas). Solo uno atiende a hombres mayores de edad.

“Nos dijeron que no había cupo y que solo tenían 30 camas. Así que debía esperar al menos seis meses para que se desocupe alguna. Por eso vine acá y me recibieron enseguida”, dice, mientras saluda con otros tres jóvenes que viven en este centro de ayuda.

Su dueño, quien reconoce que es otra persona recuperada, relata que lleva 12 años en funcionamiento. En su celular tiene fotos de decenas de chicos que han pasado por ahí. Dice que algunos son deportistas y otros empresarios.
Admite que no tiene permiso de funcionamiento. Pero que está por conseguirlo y que le falta una autorización de uso de suelo y el certificado de los bomberos. Sin esos documentos, la Acess (Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada) no puede aprobar su licencia.

Esta entidad es la encargada de emitir las certificaciones para las clínicas privadas que se dedican a la rehabilitación de chicos en el país. El ente inició sus funciones en el 2017 e indica que el trámite para obtener las certificaciones dura, en promedio, 90 días.

La Asociación de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas (Acrapg), sostiene que al menos 26 establecimientos tienen sus trámites en marcha desde el 2018.

Desde ese año, la Acces ha entregado apenas cuatro licencias a servicios privados de Guayaquil. Pero la falta de permisos no ha afectado el funcionamiento de las opciones privadas.

Cada mes realiza inspecciones a las instalaciones que están en trámite. La entidad les exige que formen un programa terapéutico y un reglamento interno. Además, deben equipar los sitios con infraestructura y personal profesional especializado de psicólogos, médicos, terapeutas y farmacéuticos.

Para los dueños de las clínicas llegar a estos estándares cada día se vuelve más difícil, en especial durante el último año, pues aseguran que la pandemia ha reducido sus ingresos económicos debido a que por la crisis económica las familias han retirado a los chicos de los tratamientos.

Jenny Díaz es dueña de un centro de varones. Cuenta que para cumplir con todo el equipamiento que requiere la Acess necesitaría cobrar al menos USD 1 500 mensuales a los pacientes. “La gran mayoría de los chicos que tiene problemas de consumo vienen de familias pobres. Ellos no tienen esas cantidades. “Nosotros cobramos máximo USD 400. Con eso apenas cubrimos servicios básicos, alimentación y parte de los sueldos del personal”, dice.

Por eso, las clínicas privadas reconocen que operan sin permisos. Pero aclaran que no son centros clandestinos, pues están en proceso para obtener la licencia.

10 de los 26 dueños de los centros que buscan legalizarse coinciden en que la falta de recursos no les permite cumplir con los requerimientos.  

Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para Investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas, convocado por la Fundación Gabo.