En la fila había unos 200 jóvenes con problemas generados por el consumo de drogas. Era 17 de marzo del 2020. La crisis por el covid-19 había estallado en el país y ese día todo amaneció cerrado por el estado de excepción que regía.
Jorge, un joven de 17 años, que vive en el Suburbio, estuvo allí y recuerda que todos llegaron a la clínica móvil de rehabilitación (en ese entonces era la única que funcionaba en Guayaquil), en busca de medicamentos para poder tratarse durante el confinamiento.
Sentado en el umbral de su casa y con las manos temblorosas, dice que aún lucha para salir de la adicción a la ‘hache’, una droga casera elaborada con una parte de heroína y otros componentes químicos.
La clínica cerró cinco meses. En ese tiempo, los especialistas intentaron seguir los tratamientos a través de reuniones en línea o chats de WhatsApp. De los 200, solo 70 continuaron en contacto. El resto cayó en el alcohol y otras drogas.
El servicio presencial del Municipio se debilitó. La opción para algunos fue recurrir al tratamiento privado.
Eso hizo Rodolfo, un chico de 21 años, que hace dos semanas cumplió siete meses sin consumir narcóticos y actualmente vive en una clínica de rehabilitación particular.
Llegó a ese lugar después de que tampoco encontrara espacio en uno de los centros estatales llamados Cetad.
En Guayaquil existen tres de estos establecimientos y cada uno tiene una capacidad de 30 camas. Pero solo uno acoge a personas mayores de 18 años.
En los meses más álgidos de la pandemia, estos sitios también tuvieron inconvenientes para atender a los jóvenes.
Pero el Ministerio de Salud sostiene que no hubo desatención. El psicólogo clínico de la Coordinación Zonal 8, Omar Garay, advierte que “si (los jóvenes) necesitaban una atención podían acudir a las emergencias de los centros de salud tipo C o a los hospitales”.
Indica que el 95% de las personas con problemas de consumo en Guayaquil supera sus adicciones en esos servicios, mientras que solo el 5% necesita internarse en los consultorios especializados estatales.
La Defensoría del Pueblo asegura que el Ministerio no cuenta con datos que corroboren cuántas personas con problemas de consumo fueron atendidas, de forma ambulatoria, durante la pandemia.
Advierte que “se vulneraron los derechos, se desbordó la problemática y hasta hoy se arrastran los problemas”.
El aforo en los Cetad se redujo. En Los Libertadores hay 10 chicos y antes de que estallara la pandemia allí se podían rehabilitar hasta 30. Igual ocurre en otras dos infraestructuras.
Los servicios privados también tienen menos pacientes, pues los familiares dicen que ya no tienen dinero para costear la atención. En los primeros meses de la pandemia, la Asociación privada de Centros de Recuperación de Adicciones del Guayas (Acrapg), que agrupa a cerca de 30 clínicas, atendió en promedio a unos 600 usuarios.
Después, el número se redujo paulatinamente. No podían pagar la atención mensual que bordea entre USD 800 y USD 1500 mensuales y se fueron.
Jenny Díaz, presidenta de Acrapg, cuenta que tras un año de la pandemia por el covid-19, sus asociados operan con menos del 40% de pacientes.
La falta de ingresos para mantener a médicos, psicólogos, terapistas o para pagar el agua, la luz y el teléfono ha generado que al menos seis centros cerraran sus puertas.
Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para Investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.