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Ecuador registra una reducción de homicidios en 2026. Las muertes violentas cayeron 8%, entre enero y julio frente al mismo periodo de 2025. Sin embargo, esa reducción no llegó a los menores de 18 años. En estos siete meses, 357 fueron asesinados. Es 5% más que en los mismos meses del año anterior.
Además, 2025 ya fue el año más violento de la serie para este grupo poblacional: 586 menores asesinados, 41% más que en 2024. Frente a esto, EL COMERCIO cruzó dos bases de datos públicas que no se habían mirado juntas en Ecuador: los homicidios intencionales del Ministerio del Interior (2014-2026) y el registro de planteles del Ministerio de Educación (AMIE). El resultado permite observar dónde se concentran los homicidios de menores y cuántas instituciones y estudiantes hay en esos territorios.
Entre 2014 y 2020, Ecuador registró entre 40 y 80 menores asesinados por año. En 2021 empezó la escalada. Para 2025, la cifra llegó a 586 casos: nueve veces el nivel de 2020.
La edad también marca un patrón. El 81% de víctimas de 2024 a julio de 2026 tenía entre 15 y 17 años, edades que corresponden a los últimos años de la trayectoria escolar.
Asimismo, el problema se extendió por el territorio. En 2021 hubo homicidios de menores en 35 cantones. Para 2024 ya se registraron casos en 85 cantones. La violencia letal contra este grupo llegó a más lugares. En esta visualización puede explorar la serie completa, la edad de las víctimas y el ranking de cantones.
Entre 2024 y julio de 2026, Guayaquil abarca el 30% de los homicidios de menores registrados en el país, con 413 víctimas. Le siguen Durán, Babahoyo, Esmeraldas y Machala (ver gráfico).
Sin embargo, el volumen no cuenta toda la historia. Al comparar los homicidios con la data de matrícula escolar, Pueblo Viejo, en Los Ríos, registra la mayor relación entre víctimas y estudiantes entre los cantones analizados: 24 homicidios por cada 10 mil estudiantes. Durán registra 18.
Esa comparación es una referencia territorial, no una tasa de riesgo individual para los estudiantes. La matrícula solo sirve como unidad de referencia para comparar cantones de distinto tamaño. En la visualización puede consultar el detalle de estudiantes y docentes en los cinco cantones con más víctimas.
El dato nacional se vuelve más nítido al bajar de escala. EL COMERCIO geocodificó los 524 homicidios de menores registrados en Guayaquil y Durán entre 2024 y julio de 2026, y los cruzó con los límites parroquiales. El resultado es contundente: cuatro parroquias concentran 430 de esas 524 víctimas, el 82%. Pascuales, en el noroeste de Guayaquil, encabeza con 145 menores asesinados. Le siguen Ximena (119), el área urbana de Durán (106) y Febres Cordero (60).
En cambio, Tarqui, la parroquia con más estudiantes matriculados de la ciudad, registra 49 casos, pese a concentrar más estudiantes que Pascuales. En esas cuatro parroquias hay 335 instituciones fiscales y cerca de 414 mil estudiantes matriculados en el año lectivo 2025-2026.
Los datos también permiten precisar dónde y cuándo ocurren estos hechos. Dos de cada tres menores asesinados en Ecuador murieron en la vía pública. El 17% murió en una casa. Solo 20 homicidios de toda la serie 2014-2026 ocurrieron dentro de un plantel educativo.
La hora también revela un patrón. El 44% de los hechos ocurrió entre las 18:00 y las 23:00. En cambio, apenas el 11% ocurrió en horario escolar de la mañana.
Que solo 20 homicidios de toda la serie hayan ocurrido dentro de un plantel no prueba que los colegios sean espacios seguros en general; muestra únicamente dónde se concentran los casos que sí quedaron registrados. Con esa salvedad, María Luisa Cabrera Andrade, directora de la carrera de Educación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, interpreta el patrón así: “El problema es el vacío que hay de 13:00 a 18:00. ¿A dónde va un chico de Pascuales o Durán cuando suena el timbre de salida? A casas vacías porque sus padres trabajan hasta tarde, o a calles sin parques, sin canchas seguras, sin talleres ni centros culturales”. “En ese vacío de la tarde es donde la calle los atrapa”.
Para Cabrera, la diferencia entre Tarqui y Pascuales no está en las escuelas, sino en lo que las rodea. “En Tarqui hay más dinamismo socioeconómico, más transporte, comercios y dinámicas familiares donde los chicos tienen alguna opción de estar ocupados tras salir de clase”.
“Pascuales, en cambio, ha sido históricamente abandonado en infraestructura pública. Allá el reclutamiento es agresivo y puerta a puerta“, agrega. Y resume: “En Pascuales, el espacio que no ocupa el Estado o la familia, lo ocupa la delincuencia”.
Jean Paul Pinto, experto en seguridad, coincide con el patrón, pero pone la lupa en Durán. Describe esa situación como una forma de “gobernanza criminal compartida”: “Los que dan las exposiciones, controlan todo, dan los ejercicios básicos, etcétera, son los grupos criminales. Ahí el Estado ha desaparecido por completo”, afirma. Esa lectura coincide con los datos: Durán tiene la segunda tasa más alta del país entre los cantones grandes, y su circuito policial Divino Niño registra más menores asesinados que cualquier circuito de Guayaquil.
Cabrera describe, además, una secuencia de vulnerabilidad que, según su experiencia en el aula, se repite en los barrios más golpeados. Primero, llega un adolescente con hambre, que falta lunes y viernes, o que se duerme en clase porque trabaja de noche o cuida a sus hermanos menores. Luego, viene el bajón académico. Ahí, según Cabrera, la banda del barrio actúa antes que el sistema educativo: “Nota esa vulnerabilidad antes que el propio sistema: le ofrece dinero fácil, zapatos, protección y un sentido de pertenencia”. Cuando el colegio reacciona con un reporte, suele ser tarde. “El chico ya no regresa. Lo perdimos cuando el ausentismo se volvió rutina y no tuvimos la capacidad de ir a buscarlo a su casa”.
Frente a este panorama, el Ministerio de Educación sí ha movido una pieza clave: los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), los equipos encargados del acompañamiento emocional de los estudiantes.
Según información entregada por el propio Ministerio a EL COMERCIO, hasta el 1 de julio de 2026, el sistema público contó con más de 6 500 profesionales DECE. Entre 2024 y 2025, la cobertura nacional pasó del 29 % al 54,4 %, con una inversión cercana a los 10 millones de dólares. Para este 2026, el Ministerio proyecta superar el 80% de cobertura a nivel nacional.
Aun así, Cabrera advierte que la mejora estadística no siempre se traduce en acompañamiento posible en el territorio más golpeado. “Un profesional del DECE a veces tiene que atender a 800 o 1 000 estudiantes. ¿Cómo pides a un orientador que haga acompañamiento individualizado si además tiene que gestionar violencia intrafamiliar, consumo de drogas y ahora amenazas directas de bandas?“.
Por eso, concluye: “Pretender que el DECE resuelva un problema de delincuencia organizada es irreal. Se requiere presencia directa del Ministerio de Salud, Inclusión Social y la Fiscalía dentro del territorio”.
El riesgo de reclutamiento de menores por grupos delictivos es, desde 2025, una emergencia reconocida oficialmente. En junio de ese año, el Gobierno aprobó la primera política pública específica sobre el tema y articuló el Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes (Copruunna), con apoyo de Unicef, UNODC y la Fiscalía.
Paola Escobar, secretaria técnica del Copruunna, explicó en un foro de la Universidad Andina que un primer ejercicio técnico identificó 33 cantones con índice de vulnerabilidad muy alta al reclutamiento, distribuidos en ocho provincias. Según este antecedente, el programa Comunidades Educativas Seguras y Protectoras trabaja hoy en 450 instituciones educativas de esos cantones. En Guayaquil, dijo, la intervención se enfoca en sectores como Bastión Popular, Isla Trinitaria, Nueva Prosperina y Puerto Liza.
Además, se lleva adelante el Plan Escudo, un protocolo que autoriza a la Policía a ingresar a las instituciones educativas ante requerimiento del rector.
Al respecto, Pinto cuestiona la falta de transparencia sobre el criterio detrás de esa priorización: “No se sabe cómo llegaron a ese valor, por qué esos circuitos, por qué esos espacios”. Cabrera, en cambio, ve un riesgo en la ejecución: “Meter policías a requisar mochilas dentro de las aulas puede ser contraproducente si no se hace con un protocolo pedagógico estricto. Si el estudiante siente que su colegio se convirtió en una cárcel, lo único que logras es que repudie la institución y se aleje definitivamente”.
EL COMERCIO envió un cuestionario al Ministerio de Educación sobre el alcance y los resultados del Plan Escudo. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Los datos muestran dónde se concentran los homicidios, pero todavía no permiten saber cuántos de esos adolescentes eran estudiantes, si habían abandonado el colegio o si habían sido identificados previamente como víctimas de riesgo. Esa es la información que el Estado deberá aportar para saber si las políticas de prevención llegan a los territorios donde más se necesitan.
NOTA METODOLÓGICA: Este reportaje cruza los homicidios intencionales del Ministerio del Interior (2014-2026) con el registro escolar del Ministerio de Educación (AMIE, 2025-2026), a nivel de cantón y, en Guayaquil y Durán, de parroquia.
El cruce no prueba que las víctimas fueran estudiantes ni que murieran cerca de un plantel. La comparación con la matrícula (“por cada 10.000 estudiantes”) ordena cantones entre sí; no es una tasa poblacional ni mide riesgo individual. Los datos de 2026 son preliminares y los límites parroquiales de Guayaquil-Durán tienen un margen de error de hasta 300 metros.
En este reportaje, “menores de 18 años” es el universo estadístico; “adolescentes” designa a quienes tienen entre 15 y 17 años; y “estudiantes” corresponde a la matrícula registrada en el AMIE. Los tres términos no son intercambiables.
En 2025 fueron asesinados 586 menores de 18 años en Ecuador, un 41 % más que en 2024. Fue el año más violento de la serie 2014-2026 para este grupo. El dato proviene del cruce de El Comercio con los registros de homicidios intencionales del Ministerio del Interior, que cubren de 2014 a julio de 2026.
Guayaquil concentra el 30 % de los homicidios de menores del país: 413 casos entre 2024 y julio de 2026. Le siguen Durán, Babahoyo, Esmeraldas y Machala. Sin embargo, al comparar con la matrícula escolar, Pueblo Viejo, en Los Ríos, registra la mayor relación entre víctimas y estudiantes del país.
Dos de cada tres menores asesinados en Ecuador murieron en la vía pública. Solo 20 homicidios de toda la serie 2014-2026 ocurrieron dentro de un plantel educativo. El 44 % de los hechos ocurrió entre las seis de la tarde y las once de la noche, fuera del horario escolar.
Pascuales, Ximena, el área urbana de Durán y Febres Cordero concentran el 82 % de los menores asesinados en ambos cantones entre 2024 y julio de 2026. Pascuales encabeza con 145 casos. En esas cuatro parroquias hay 335 instituciones educativas fiscales y cerca de 414.000 estudiantes matriculados.
Es el programa del Ministerio de Educación que interviene en 450 instituciones de 33 cantones considerados de vulnerabilidad muy alta al reclutamiento de menores, según su secretaria técnica del Copruunna. Desde el 1 de septiembre de 2026 se complementa con el Plan Escudo, que permite el ingreso policial a los planteles a pedido del rector.
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