Adolescentes usados como sicarios revelan fractura social ecuatoriana

El problema no comienza cuando un adolescente aprieta el gatillo. Empieza antes, cuando una organización criminal logra convertir su edad, sus carencias o su necesidad de pertenencia en una ventaja operativa. También se agrava cuando la sociedad recibe otro caso de sicariato cometido por menores y lo incorpora, casi sin sorpresa, al paisaje cotidiano de la violencia.

Entre enero y mayo de 2026, Ecuador registró 1 465 aprehensiones de adolescentes de 12 a 17 años por distintos delitos, 359 más que durante el mismo período de 2025.

El incremento fue del 32,5%. El 24% de los adolescentes aprehendidos portaba un arma blanca o de fuego. Estas cifras no significan que todos fueran sicarios ni permiten calcular cuántos fueron reclutados por bandas, pero muestran una relación preocupante entre adolescencia, armas y estructuras delictivas.

La violencia también los alcanza como víctimas. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 148 homicidios intencionales de adolescentes. El 93,2% se cometió con armas de fuego, según el Observatorio de la Niñez, Adolescencia y Juventud, con base en registros oficiales.

Manabí permite observar el fenómeno con mayor detalle. Entre enero y los primeros días de mayo fueron aislados 108 adolescentes por diferentes infracciones, entre ellas tenencia de armas, tráfico de drogas, asesinato y sicariato.

En un caso específico, un adolescente de 14 años habría declarado que recibió 300 dólares para asesinar a otro joven. Un comandante policial habló, además, de pagos de 200 dólares en ciertos casos. Son testimonios y episodios concretos, no una tarifa nacional. Presentarlos como un mercado uniforme sería una generalización sin evidencia.

Ese límite importa. Ecuador no cuenta con una cifra oficial pública que determine cuántos niños y adolescentes han sido reclutados por organizaciones criminales. Tampoco existe evidencia suficiente para afirmar que contratar un sicario sea sencillo en todo el país.

Lo que sí muestran las investigaciones es que, en algunos territorios, las bandas captan menores mediante dinero, presión, promesas de protección y pertenencia.

Estudios recientes también examinan el uso de redes sociales y contenidos de narcocultura como vías de acercamiento, aunque no cuantifican el reclutamiento digital a escala nacional.

La discusión no puede reducirse a endurecer sanciones ni a presentar al adolescente detenido como explicación completa del delito. Quien participa en un homicidio debe responder dentro del sistema especializado de justicia juvenil.

Al mismo tiempo, el reclutamiento puede colocarlo en condición de víctima de manipulación, coerción o explotación. Reconocer esa complejidad no elimina responsabilidades; permite dirigir la investigación hacia quienes reclutan, financian, entregan las armas y ordenan matar.

La respuesta, por tanto, debe actuar antes y después del disparo: sostener la permanencia escolar, fortalecer redes familiares y comunitarias, proteger a jóvenes amenazados, controlar las armas y perseguir a los autores intelectuales.

La señal más grave no es solo que existan adolescentes utilizados como sicarios. Es que el país pueda acostumbrarse a verlos como piezas reemplazables. Cuando una organización encuentra nuevos ejecutores entre menores, la violencia ya no administra únicamente territorios: empieza a administrar el futuro de toda una generación en riesgo.