El juez de Garantías Penales de Tungurahua, Christian Rodríguez, dictó prisión preventiva para 12 de las 22 personas detenidas luego del allanamiento a varias oficinas en donde supuestamente se captaba dinero en forma ilegal en Ambato y Quero, en Tungurahua.
También se impuso medidas cautelares para otras cinco personas. Ellos tienen prohibición de salir del país y deberán presentarse cada semana ante el juez.
La decisión la adoptó durante la audiencia de formulación de cargos por un supuesto delito de delincuencia organizada y captación ilegal de dinero.
Además, se procesó a otras cinco personas por posible fraude procesal, porque durante la ejecución del operativo realizado el miércoles, 7 de julio del 2021, fueron aprehendidos en delito flagrante cuando habrían intentado ocultar, en un camión, evidencia que serían utilizadas para las investigaciones.
El Juez dispuso medidas alternativas como presentación periódica y prohibición de salida del país para los involucrados. La instrucción fiscal durará 20 días y serán juzgados por procedimiento directo.
La audiencia que duró alrededor ocho horas se inició a las 11:00 y concluyó a las 20:00 de ayer, 8 de julio del 2021. La diligencia se realizó en la Unidad Penal de Tungurahua, ubicada al oriente de la ciudad de Ambato.
Hasta allá llegaron los familiares de las personas detenidas, con carteles en la mano y gritando consignas solicitaban la liberación de los detenidos.
También encendieron velas durante un plantón que se cumplió en la explanada de la Unidad Penal. “Pedimos que se dé la libertad de las personas aprehendidas por la Policía. Es falso que haya captación de dinero, era una inversión que se realizaba en el bitcoin o criptomonedas a través de una plataforma electrónica”, dijo una de las inversionistas desde hace cinco meses.
Galo Romero, fiscal Provincial de Tungurahua, dijo que el agente fiscal a cargo del caso presentó los elementos recabados durante la investigación y se formuló cargos por el delito de delincuencia organizada y captación ilegal de dinero.
Mencionó que durante el proceso indagatorio se conocerá el número de personas que entregó el dinero. “Eso se determinará durante la revisión de los equipos de cómputo y los documentos incautados que estará a cargo del fiscal”.
El abogado defensor de tres de las personas detenidas, Henry Ocaña, consideró que el proceso ha violado principios constitucionales y el debido proceso.
Afirmó que se llegó a la audiencia con un expediente sin foliar, con allanamientos sin que se cumplan los requisitos, con orden de detenciones sin que las personas conozcan que existe una investigación hacia ellos y que luego de tanto tiempo de indagación no se haya detenido a los líderes.
Afirmó que defendió a tres personas que trabajaban en limpieza y a un chico de 18 años que consiguió trabajo al no lograr entrar a la universidad.
Ocaña se mostró molesto y dijo que la Fiscalía debió haber demostrado en la audiencia el delito de captación de dinero, pero no lo hizo.
“Se presentó un trabajo indagatorio con más de 400 páginas de fotos donde aparecen los chicos, que no ganaban ni un salario básico unificado, saliendo y entrando”, sostuvo.
“Vamos a demostrar la inocencia de mis defendidos, porque realmente la captación de dineros debe ser demostrado por la Fiscalía”.
