Con cuchillos y pistolas desvalijaron a una veintena de pasajeros en menos de tres minutos. Los desconocidos se subieron al bus en una parada de Guamaní, en el sur de Quito. Ese corto tiempo le pareció eterno a Narcisa Gavilánez, una mujer que viajaba en esa unidad de transporte. Ella cuenta que el asalto se dio en los primeros días de abril. “Hasta ahora tengo pesadillas de ese momento”, cuenta al hablar del atraco que sufrió junto a otras personas.
Era poco más de las 05:00 cuando tres sujetos armados abordaron la unidad. En medio de gritos e insultos fueron despojando de sus pertenencias a los pasajeros. “Logré esconder el teléfono, pero no pensé que me iban a rebuscar en la chompa”, confiesa la afectada. Además de sus documentos, se le llevaron USD 260 que sacó ese día para pagar una deuda y los servicios básicos.
“Les dije a los otros pasajeros que vayamos a denunciar, pero dijeron que era perder el tiempo”, cuenta. Al final, ella fue sola. Tenía mucha indignación porque a su marido le ocurrió lo mismo hace unos meses.
En Quito, no todos los circuitos de transporte público tienen un control de seguridad. Solo el Trolebús y la Ecovía tienen su propia entidad que se encarga de monitorear los robos o ataques que sufren los pasajeros. Esa competencia está bajo la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros (Epmtpq).
Mauricio Cerón es el coordinador de Seguridad de esta institución y cuenta que también brindan apoyo al corredor sur occidental. En conjunto con la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y también con Agentes Metropolitanos de Control han intentado reforzar la seguridad a través de operativos.
De allí que 250 ciudadanos han sido detenidos, en el primer trimestre del 2022, por delitos de robo y hurto en los circuitos que la Epmtpq maneja. Pero solo 21 fueron procesados. Así lo confirmaron en una entrevista con la cadena de televisión TVC. Según esos datos, eso significaría que apenas el 8,4% de detenidos por robos en buses fueron judicializados. El 91,6% restante quedó en libertad por falta de las denuncias ciudadanas.
“Si no hay denuncia de ellos, los delincuentes están al siguiente día operando en otro lugar y riéndose de nuestro trabajo”, insiste. En su experiencia ha notado que solo el 20% o 30% de víctimas de estos casos termina denunciando lo sucedido en la Fiscalía.
La sanción judicial
El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el hurto con prisión de seis meses a dos años.
El robo con fuerza, en cambio, se penaliza con tres a cinco años de cárcel. Y el robo con violencia contra las personas, de cinco a siete años. Otra modalidad de hurto más frecuente es el arranche.
Así le sucedió a Isabela Tupiza cuando viajaba en el Corredor Sur Occidental. “La verdad iba distraída mirando un video”, recuerda. Cuando las puertas se abrieron en el andén de El Pintado, en el sur de Quito, un hombre subió y le arrancó el teléfono de las manos. Antes de que el chofer reaccionara, el delincuente salió corriendo hacia la vereda y se escabulló por un graderío. Nadie intentó detenerlo, pese a los gritos desesperados de la joven de 18 años de edad.
La Empresa Pública de Transporte de Pasajeros confirma que esa es una de las paradas más problemáticas en temas de seguridad. Según las investigaciones de la entidad, entre las estaciones conflictivas están: La Magdalena, San Diego, San Roque y Chillogallo.
Un 80% de víctimas
Este Diario hizo un recorrido por cuatro circuitos del transporte público en Quito para consultar sobre cómo los usuarios ven la inseguridad.
8 de cada 10 usuarios consultados afirman haber sufrido un robo desde el inicio de la pandemia. Y todos han presenciado cómo actúa la delincuencia sobre otras personas. No hay datos oficiales sobre la percepción de esta problemática.
Los casos en que la víctima se percata tarde que le han sustraído sus pertenencias en el transporte público son otra problemática. Sea porque se las roban de manera sigilosa en algún empujón o porque emplean armas blancas para cortar carteras, mochilas y chaquetas.
A Norma Barrera le pasó esto a principio del año. Regresaba agobiada a su casa en Cotocollao y en medio de la multitud no supo cuándo le cortaron la cartera para sacarle el celular. Se dio cuenta cuando metió la mano para sacar las llaves.
“Era mi primera semana de trabajo luego de un año de desempleada”, cuenta. La mujer recuerda que lloró mucho ese día al sentir la impotencia de no haberse podido defender. También recalca que no es la primera vez que le pasa algo así.
El coordinador de Seguridad de la Epmtpq, Mauricio Cerón, afirma que uno de los horarios con mayor incidencia de robos es entre las 12:00 y 14:00. Esas horas coinciden con la salida o llegada de los estudiantes secundarios.
A pretexto de vender algún producto, hay delincuentes que se suben a las unidades esperando sustraer alguna cosa de valor. “Ya le vi (al vendedor) y cogí mi celular por encima del bolsillo del calentador porque me asusté”, cuenta Estefanía Vaca, de 16 años. Ella iba rumbo a su casa luego del colegio. Por el sector de San Diego, en el Corredor Sur Occidental, pudo sentarse. El hombre comenzó el discurso diciendo que había salido de la cárcel y que solo buscaba ganar dinero honestamente.
Inmediatamente murmuró unos insultos y se acercó desafiante a ofrecer caramelos. Ella se negó a comprar y él presionó los dulces en su pecho. “Saqué rápido la moneda de un dólar que tenía antes de que me quitara mis cosas”, dice la joven, que esconde su celular cada vez que va en bus. De acuerdo con la Epmtpq, unas 360 000 personas viajan a diario en ese sistema. Con la normalización de las actividades educativas y laborales, la aglomeración de pasajeros es mayor.
Los operativos interinstitucionales se realizan en buses, paradas y estaciones del sistema. El resultado se ha traducido en la reducción de un 60% de los delitos.