El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) es el máximo organismo que tiene el país para tratar acontecimientos graves o amenazas que afecten a la integridad de los habitantes y del Estado. Así lo estipula el artículo 7 de la Ley de Seguridad Pública.
En esa normativa se explica que el Presidente es el encargado de convocar a los representantes de las 10 instituciones que integran este organismo.
Entre estos están, el Vicepresidente, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, los máximos jefes de FF.AA. y Policía, y cuatro ministerios más.
Entre las funciones que tiene el Cosepe es, precisamente, asesorar al Ejecutivo para adoptar medidas en caso de una crisis de gran conmoción social como las manifestaciones pasadas. Especialmente, después de que el Gobierno admitió en sus decretos presidenciales que no tenían el suficiente personal policial para controlar a los manifestantes.
Pese a esto, el Primer Mandatario se abstuvo de convocar al Cosepe. Eso ha sido cuestionado por expertos en seguridad, derechos humanos y politólogos.
Uno de ellos es el exjefe militar Paco Moncayo. En las manifestaciones, él resaltó que la figura del Cosepe debía servir para generar alternativas y políticas que protejan a la ciudadanía.
Especialmente, para que entidades como el Centro de Inteligencia pueda mostrar los escenarios que se estaban viviendo y las posibles consecuencias.
El exjefe de Inteligencia, Mario Pazmiño, también opina que la articulación del Cosepe debe ser una estrategia para el presidente Lasso y más aún cuando se ha descubierto que en las protestas se infiltraron al menos ocho grupos con formación subversiva.
¿Por qué no actuó el Cosepe?
Para el jurista, Marco Jurado, la falta de articulación de este organismo refleja que dentro del sistema de Gobierno no hay políticas definidas. De hecho, dice que el Cosepe no solo debió actuar en el paro, sino también en la crisis carcelaria, el aumento de la violencia en el país y la lucha contra el narcotráfico.
Este organismo ha sido convocado por el Ejecutivo en dos ocasiones. La primera fue en mayo de 2021, cuando Lasso tomó posesión del Gobierno, y la segunda fue en agosto pasado para evaluar la crisis penitenciaria.
Pero para Jurado también existe un segundo elemento por el cual este organismo ha perdido protagonismo y ha estado ausente en la toma de decisiones.
La inestabilidad de los integrantes y la continuidad de sus reemplazos. En un año de Gobierno, los ministros que conforman ese Consejo de Seguridad han sido cambiados hasta en dos y tres ocasiones.
Ese es el caso del Ministerio de Defensa, Ministerio de Gobierno, Secretaría de DD.HH. y en la presidencia de la Asamblea. Este último cargo hoy es ocupado por Virgilio Saquicela, quien votó a favor de la destitución de Lasso.
Puntos de vista
‘El Cosepe debe tener secretaría permanente’
Wagner Bravo Exjefe del Estado Mayor de las FF.AA.
La falta de participación del Cosepe es una preocupación muy alta. Desde allí se debe analizar los sistemas y políticas para tomar decisiones. La seguridad nacional del Estado no es solo del Presidente. Él debe estar en permanente asesoramiento de todas las entidades estatales. Así se construyen mecanismos para evitar amenazas y no solo reaccionar. Lo que se debe hacer es que el Presidente nombre una Secretaría Permanente del Cosepe. Ese ente no existe y por eso nadie trabaja para elaborar planes que ayuden a prevenir este tipo de hechos.
‘El Cosepe pudo haber ayudado al inicio del diálogo’
Zaida Rovira Pdta. Alianza Radar Social de DD.HH.
El Cosepe no solo debe estar integrado por instituciones públicas. Que la Ley también faculte que en este organismo puedan participar expertos de distintos ámbitos. El Presidente debía convocar a este organismo y darle un enfoque de derechos humanos. Incluso, el Cosepe pudo ser la vía que inicie un diálogo. Ahora, cada institución debe hacerse cargo de sus responsabilidades en torno a sus actuaciones. El presidente toma decisiones para afrontar la crisis del momento y no hay un ente que genere procesos con la participación ciudadana.