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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció este miércoles 26 de noviembre de 2025 sobre la violencia en las cárceles de Ecuador e hizo un llamado al Estado.
La CIDH reiteró su preocupación por la persistente violencia en las cárceles de Ecuador y exhortó al Estado a adoptar medidas inmediatas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.
El organismo insistió en la necesidad de investigar los hechos violentos, identificar y sancionar a los responsables y aplicar acciones para evitar su repetición.
Según la CIDH, hasta el 9 de noviembre de 2025 se registraron 72 personas detenidas fallecidas por hechos violentos en cárceles ecuatorianas.
Estas muertes se suman a las 591 reportadas en enero de 2025, lo que deja un total de al menos 663 personas privadas de libertad fallecidas desde 2020, “dentro de una crisis penitenciaria que afecta al país desde hace décadas”.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 9 de noviembre en el Centro de Privación de Libertad No. 1 de Machala, donde 31 personas murieron durante un motín.
En el mismo centro, el 23 de septiembre de 2025, la CIDH ya había condenado la muerte de 14 personas, entre ellas un agente penitenciario.
El Estado ecuatoriano informó a la CIDH que comenzó la implementación de la Política Pública 2025-2029.
Esta Política incluye mejoras en infraestructura, fortalecimiento de controles, aumento de personal de seguridad y redistribución de la población penitenciaria.
En este contexto, la CIDH dio seguimiento al traslado de cientos de personas consideradas de alto riesgo al nuevo centro de máxima seguridad Cárcel del Encuentro, en Santa Elena.
Entre los trasladados figura el expresidente Jorge Glas. Las imágenes difundidas por el Ejecutivo, acompañadas de mensajes calificados como “estigmatizantes”, también fueron observadas por la Comisión.
El organismo expresó su preocupación debido a que el traslado se habría realizado antes de que concluyera la construcción del centro.
Aunque el Estado afirmó que la infraestructura cuenta con habilitación básica, la CIDH resaltó que las personas detenidas enfrentarían aislamiento y custodia bajo personal militar o policial.
También recordó que la construcción de esta prisión fue rechazada por comunidades indígenas debido al impacto socioambiental y la ausencia de consulta previa.
La CIDH señaló que los principales factores detrás de la violencia intracarcelaria son la falta de control estatal, la presencia de sistemas de autogobierno, la corrupción, el ingreso de objetos prohibidos y el insuficiente número de agentes de seguridad.
Estas condiciones han permitido enfrentamientos entre bandas del crimen organizado, que disputan el control de los centros penitenciarios para sostener actividades ilícitas.
Según la Comisión, esta violencia forma parte de un contexto nacional de inseguridad ciudadana, marcado por el accionar de organizaciones criminales.
La CIDH recordó que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las personas bajo su custodia. Para ello, Ecuador debe:
La CIDH aseguró que continuará monitoreando la situación penitenciaria en Ecuador y reiteró su disposición a brindar apoyo técnico para superar la crisis y aplicar las recomendaciones de su informe temático más reciente.
El organismo, perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), está integrado por siete miembros independientes, cuyo mandato es promover la observancia de los derechos humanos en la región.
Informe externo: CIDH
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