El capitán en servicio pasivo de la Marina, Rogelio Viteri, denunció hace 20 años un supuesto acto de corrupción de la entonces cúpula de las Fuerzas Armadas en la adquisición de reaseguros de aeronaves militares. Él señala que tras este hecho fue objeto, junto con su familia, de persecución y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Hoy, su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
Desde el 2002, Viteri tiene condición de asilado político en Reino Unido, país que conoce, porque cuando presentó la denuncia se desempeñaba como agregado militar en la embajada de Ecuador en ese país.
Este 11 de agosto del 2020 habló con EL COMERCIO y espera que luego de dos décadas se conozca la verdad y se sepa las presiones que lo obligaron a salir del país.
Todos los detalles fueron recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que concluyó en su informe que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, circulación y residencia y protección judicial de Julio Rogelio Viteri Ungaretti.
Asimismo, consideró al Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, y circulación y residencia en perjuicio de su esposa, hija, hijo y suegra.
La CIDH presentó este caso el 5 de julio del 2021 ante la Corte IDH, que ya solicitó a la defensa de Viteri que entregue por escrito sus argumentos para continuar con el tratamiento del expediente.
La Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de Quito está a cargo de representar al capitán. El abogado Hugo Cahueñas, que pertenece a esa entidad, señaló que tienen hasta finales de septiembre para cumplir con este pedido.
En su informe, la CIDH analizó si las denuncias realizadas por Viteri, en su rol de denunciante de esos hechos de corrupción, se encuentran protegidas por el derecho a la libertad de expresión y si las acciones adoptadas por el Estado estuvieron justificadas o implicaron una restricción desproporcionada a su derecho a la libertad de expresión.
Asimismo, evaluó si el Estado vulneró el derecho a la libertad personal con motivo de la imposición de una sanción disciplinaria; si brindó garantías judiciales y recursos efectivos para la protección de sus derechos; y, finalmente, el efecto que todo ello causó en sus familiares.
Viteri señaló que hace 20 años entregó un informe de dos páginas, con las supuestas irregularidades al entonces embajador en Londres y también expresidente de Ecuador, Sixto Durán Ballén. En ese documento, dice, se podía constatar que tres jefes de Estado Mayor del Ejército, de la Marina y de la FAE, que acudieron a negociar el reaseguro de las naves militares, en representación del jefe del Comando Conjunto y los jefes de las tres fuerzas, recibieron prebendas y pagos de una empresa inglesa a cargo del contrato que ascendía a los USD 12 millones.
Ese documento, que se envió desde la embajada a la Cancillería en Ecuador, se filtró a la prensa. Luego, Viteri recibió un documento del Comando Conjunto para que se presentara en el país.
Viteri dice que al llegar comenzaron las amenazas.
Ese tipo de amedrentamiento está recogido en el informe de la CIDH que señala que Viteri hizo referencia “a la recepción de llamadas amenazantes e insultantes en su domicilio, tanto en Ecuador como en Londres” y afirmó haber recibido información de un oficial de la Marina respecto de la intervención de sus teléfonos.
Asimismo, “describió una serie de incidentes de atentados y hostigamientos sufridos por él y su familia. Se refirió también a amenazas constantes a su cuñada y apoderada legal en Ecuador, Ana Lucía Alarcón Gallegos, así como la recepción de paquetes sin remitente en su lugar de trabajo con fines intimidatorios”.
Cuando ocurrieron los hechos, el actual ministro de Defensa, Fernando Donoso, era comandante de la Marina. Dejó el cargo tras estallar el caso.
Cuando asumió el Ministerio dijo a este Diario que él no había tenido nada que ver en esta denuncia.
Viteri recuerda que tras llegar al país se le inició un consejo de disciplina que tomó como base la transcripción de lo dicho por el radiodifusor sobre el contenido del documento filtrado.
Posteriormente se le ordenó tres arrestos consecutivos. La CIDH recogió este episodio y en su informe detalle que Viteri fue sometido a diversas sanciones de arresto de rigor, siendo la más relevante, una de 15 días, así como dos arrestos adicionales de tres y cinco días, por haber realizado declaraciones ante la prensa sin haber solicitado autorización previa.
Esto ocurrió a pesar de que la denuncia de presuntos actos de corrupción ya se hizo pública. Por eso, la Comisión concluyó que “dichas detenciones fueron irrazonables y desproporcionadas y, en consecuencia, afectaron la libertad personal”.
Además, fue destituido de su función como agregado y ordenado a que retorne al Ecuador, en contraposición a la designación que se le había otorgado por Decreto Ejecutivo.
En su Informe, la Comisión hizo cinco recomendaciones al Estado:
1.- Reparar integralmente las violaciones declaradas en el Informe de Fondo tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.
2.- Establecer mecanismos adecuados de protección de denunciantes que en razón de su empleo o posición institucional expongan irregularidades, hechos de mala administración, hechos de corrupción, violación de los derechos humanos, violaciones del derecho humanitario y otros intereses públicos gravemente afectados.
En esta recomendación, la CIDH dice que la protección debe prevenir la aplicación de sanciones legales, administrativas o de cualquier otra índole.
3.- Adecuar el ordenamiento jurídico interno, en particular el Reglamento de Disciplina Militar, de conformidad con los estándares establecidos en el presente informe, de acuerdo con el deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
4.- Realizar una capacitación al personal de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, incluidas las autoridades encargadas de la aplicación de sanciones disciplinarias, respecto a la protección de denunciantes que expongan hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, a la luz de los estándares establecidos en el informe.