La ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que fue aprobada el martes 13 de julio de 2021 por la Asamblea, compromete al Ecuador a tomar medidas para garantizar las condiciones de igualdad de todas las personas.
La directora del Observatorio Jurídico y Social de la Universidad Espíritu Santo, Pamela Aguirre Castro, resaltó que este documento establece nuevas formas de discriminación que no se encontraban previstas en otros instrumentos internacionales, por ejemplo: la expresión de género, la condición migratoria, o las características genéticas.
Detalló que la Convención desarrolla la categoría de discriminación múltiple, la misma que atañe a formas o manifestaciones de discriminación que requieren atención diferenciada, por ejemplo: niñas o niños migrantes, niñas rurales, mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas.
Con este instrumento, se genera una obligación forzada para la Asamblea Nacional, respecto a adoptar leyes que no generen ningún tipo de discriminación indirecta, indicó la experta, según el informe que aprobó el Parlamento.
En el artículo 4, literal ii, el documento precisa que: “Los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta Convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia, incluyendo: La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material que: a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia”.
Gabriela Rosas, docente en Relaciones Internacionales de la UIDE, sostuvo que esta disposición “ya estaría considerada previamente” en la Ley contra la Violencia Digital, cuyo trámite concluyó en la Asamblea la semana pasada y en los próximos días irá al Registro Oficial.
La Secretaría de Derechos Humanos tendrá que encargarse del seguimiento y cumplimiento de lo estipulado en este instrumento internacional, añadió Gisel Cevallos, experta en Relaciones Internacionales por la USFQ. “En caso de que las autoridades del Ecuador no hagan nada se puede presentar una queja ante la CIDH”, apuntó.
La propuesta de regular Internet es un mecanismo de precaución, es decir que, si hay casos de discriminación en redes, la persona afectada o colectivo de personas podrá presentar su queja ante la Secretaría de Derechos Humanos para que se haga seguimiento y sanción, puntualizó.
Rosas anotó que dicha ratificación guarda coherencia con la Constitución de Ecuador. No obstante, apuntó que también se requiere de acciones conjuntas e interinstitucionales (público-privadas) para erradicar cualquier tipo de violación de los derechos humanos.
Si bien se ha considerado que la principal obligación de proteger los derechos humanos corresponde a los Estados, también son las empresas y otros actores privados los causantes de un impacto positivo o negativo. “Pensemos por ejemplo qué sucede con el derecho a no ser discriminado, cuando una empresa excluye deliberadamente a personas con una orientación sexual distinta de sus procesos de selección”, reflexiona.
Detrás de Uruguay y México, Ecuador se convirtió en el tercer país en ratificar esta convención que fue adoptada en Guatemala el 5 de junio de 2013, durante el cuadragésimo tercer período ordinario de Sesiones de la Asamblea de la OEA.