El trámite de Ley contra Violencia Digital terminó en la Asamblea y se mantienen delitos contra la honra
La Asamblea tramitó este 9 de julio del 2021 las objeciones formuladas por el presidente Lasso al proyecto de Ley contra la Violencia Digital, que incluye reformas al Coip. Foto: Twitter Asamblea
Con 105 votos, una mayoría de asambleístas se impuso en el Pleno y no dio paso a eliminar el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona a los denominados delitos contra la honra en la Ley contra la Violencia Digital.
La decisión se tomó este viernes 9 de julio del 2021, una vez que el Parlamento tramitó las objeciones formuladas por el presidente Guillermo Lasso al proyecto de Ley contra la Violencia Digital, que incluye reformas al COIP.
La reforma sustituye el numeral 1) en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, para que la persona que, por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil, sea sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.
Con 105 votos, el #PlenoLegislativo se ratifica en el artículo 16 referente a las “expresiones en descrédito o deshonra” y en la disposición transitoria tercera que dispone crear asignaturas sobre el derecho a una vida libre de violencia. #LeyViolenciaDigital. pic.twitter.com/ivF6HJYzSE
— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) July 9, 2021
El Parlamento también se ratificó en la transitoria tercera del proyecto, la cual dispone a las autoridades educativas del nivel básico y superior incluir en las mallas curriculares o programas académicos y asignaturas que permitan promover una cultura saludable de consentimiento, una vida libre de violencia tanto on line como off line, prevenir la violencia sexual digital y todo tipo de estereotipos y tabús propios de la cultura de la violación, así como fortalecer la lucha contra los delitos informáticos.
La resolución se tomó después de un debate del que participaron ocho asambleístas, casi todas mujeres, quienes destacaron la necesidad de contar con un instrumento jurídico que permita combatir las formas de violencia sexual digital, como la difusión de imágenes privadas sin consentimiento.
El proyecto irá en los próximos días al Registro Oficial.