Este miércoles 18 de septiembre, se retomó la audiencia preparatoria de juicio del caso Metástasis, con la intervención de la defensa de Fabián Gilmar C. B., alias Yanke. Acusado por la Fiscalía como uno de los 37 implicados en el delito de delincuencia organizada.
Se le señala como uno de los cuatro líderes de la organización criminal liderada por el narcotraficante Leandro Norero.
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Inicialmente, la audiencia había sido programada para las 10:30, pero fue pospuesta hasta las 13:30 debido a conflictos en la agenda del conjuez Manuel Cabrera.
La fiscal general Diana Salazar asistió a la audiencia de manera virtual, mientras que pocos abogados estuvieron presentes en la sala del octavo piso de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). La mayoría de las defensas optaron por participar de manera telemática. Aunque el dictamen acusatorio fue presentado por el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, Salazar intervino en esta sesión de forma remota.
Según la Procuraduría General del Estado, los 37 acusados podrían enfrentar una reparación económica de 4,2 millones de dólares. Este monto es parte de las consecuencias legales derivadas del caso.
Durante la audiencia, el abogado Rómulo Argudo, defensor de Fabián Gilmar C. B., presentó sus argumentos en respuesta a las acusaciones de la Fiscalía y la Procuraduría. Para la Fiscalía, alias Yanke habría sido una figura clave en las operaciones financieras de la organización de Norero, actuando para obtener beneficios judiciales y penitenciarios.
Argudo cuestionó la validez del dictamen fiscal, calificándolo de subjetivo y afirmando que los elementos presentados habían sido manipulados para apoyar la versión de la Fiscalía.
Entre los principales argumentos de la defensa, Argudo destacó que no existe evidencia verificable de que su cliente enviara o recibiera mensajes en la aplicación Threema relacionados con Norero. También negó que Fabián Gilmar C. B. fuera el brazo operativo de la organización, señalando la falta de pruebas para respaldar esa acusación. Finalmente, solicitó el sobreseimiento de su cliente y el levantamiento de todas las medidas cautelares impuestas.
Inconsistencia en las pruebas según la defensa de los acusados
El abogado Agustín Quito declaró en la audiencia que la Fiscalía no ha podido demostrar que el abogado Cristian Romero haya sido la persona que utilizó el sistema de mensajería Trimax. Según Quito, la única prueba con la que cuenta la Fiscalía es un parte policial, el cual sostiene de forma errada que Romero usaba el sistema de mensajería con el ID mencionado. “No hay ningún otro elemento”, enfatizó.
Quito también señaló que la Policía Nacional llegó a sus conclusiones basándose en información incorrecta. Hizo hincapié en que las pruebas se construyeron sobre mensajes inexistentes y testimonios que no mencionan a Romero. Mencionó específicamente que la señora Mayra Salazar, testigo procesada, nunca vinculó a Romero en su declaración.
Finalmente, el abogado cuestionó el proceso de la Fiscalía, afirmando que los mensajes presentados como evidencia no reflejan lo que realmente ocurrió. Quito aseguró que los agentes policiales incluyeron información falsa en sus reportes, lo que generó la prisión preventiva de su patrocinado.