El caso Metástasis mostró cómo funcionaba una red de corrupción y lavado de activos vinculada a Leandro Norero y sus colaboradores. La Fiscalía General del Estado presentó su dictamen acusatorio contra diversos miembros de la organización, entre ellos abogados, jueces, fiscales, y funcionarios públicos.
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Las investigaciones señalan que esta red facilitó la evasión de la justicia mediante sobornos y tráfico de influencias. Este caso ha involucrado tanto a actores del sistema judicial como del penitenciario.
Leandro Norero, líder de la organización, aparece como el principal artífice de esta red. Junto a él, varios colaboradores clave habrían gestionado estrategias para garantizar su impunidad. La audiencia reveló cómo movilizaban grandes sumas de dinero para obtener beneficios judiciales y penitenciarios.
Red de colaboradores judiciales
Las investigaciones han identificado a varios abogados como piezas clave en el funcionamiento de esta red. Kevin P., Sofía G. y César A. habrían facilitado la compra de sentencias a favor de la organización, asegurando fallos judiciales favorables. Kevin P. habría gestionado fraudes procesales, mientras que Sofía G. y César A. colaboraban en la entrega de sobornos a jueces, manipulando los procesos legales en beneficio de Leandro Norero.
Además de los abogados, otros actores como Braulio M. y Ángel L. habrían jugado roles cruciales en la red de sobornos. Braulio M. habría actuado como intermediario en la entrega de pagos a jueces, mientras que Ángel L., un agente de la Fiscalía, se encargaba de mantener el control sobre el expediente judicial. Estas acciones habrían garantizado que los procesos judiciales fueran manipulados desde adentro.
Implicación de funcionarios penitenciarios
Katherine G., una guía penitenciaria, y Carlos M., agente de seguridad, habrían sido parte de la red al recibir dinero a cambio de facilitar beneficios en prisión. Estos pagos habrían permitido a Leandro Norero disfrutar de comodidades dentro del sistema carcelario, mostrando el control de la organización dentro del penal.
Los privilegios obtenidos incluían el ingreso de artículos prohibidos y la obtención de información sobre monitoreos realizados por la inteligencia penitenciaria.
Claudia G., Myriam D., y Armando F., exmiembros de la Comisión para el Diálogo Penitenciario, también habrían gestionado estos beneficios. Sus acciones habrían garantizado un trato preferencial para Norero dentro de la cárcel, extendiendo los favores de la organización a través de los canales administrativos del sistema penitenciario. Esta red de corrupción penetraba profundamente en las estructuras carcelarias.
Colaboración de altos funcionarios
El dictamen de la Fiscalía menciona la colaboración de altos funcionarios de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Armando R., mayor de la Policía, habría facilitado contactos y dinero para ayudar a Norero a evadir las consecuencias legales de sus actos. Además, Doris O., agente de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos, habría manipulado evidencias dentro del proceso judicial en curso, beneficiando al líder criminal y su red.
Estas colaboraciones de alto nivel revelan el grado de penetración de la organización en instituciones clave del Estado. Doris O. también habría filtrado información clave a los miembros de la organización, permitiendo que se evadieran acciones judiciales. Armando R., por su parte, utilizaba sus negocios personales para lavar dinero y facilitar las operaciones financieras del grupo.
Participación de jueces y fiscales
Varios jueces y fiscales aparecen mencionados en el informe por su participación en la trama. Santiago Z. y José S., jueces de la Corte Provincial, habrían fallado a favor de los intereses de la organización a cambio de beneficios económicos. Estos magistrados habrían participado en procesos clave, como la concesión de hábeas corpus para familiares de Norero.
Fiscales como Glenda O., María A., y Víctor A. también habrían colaborado con la organización. Glenda O. habría modificado medidas cautelares en beneficio de Norero, mientras que María A. habría cambiado tipos penales en un caso crucial para disminuir la pena. Víctor A. se encargaba de filtrar información sobre las investigaciones en curso, garantizando que la organización siempre estuviera un paso adelante.
