La vida de Brenda (nombre protegido) cambió por completo después de que en 2018 fuera víctima de una violación grupal.
A pocos días de terminar la carrera de Radiología en la Universidad Laica de Manabí, la agresión sexual le impidió presentar el proyecto de titulación a tiempo. Su ceremonia de graduación la hizo semanas después, sola, en un salón de clases vacío.
Desde ese año hasta este 8 de marzo del 2022 no ha ejercido la profesión que estudió con ahínco porque sus agresores trabajan en hospitales de Manabí y teme volver a encontrárselos. Además, tuvo que dejar su natal Portoviejo porque recibe intimidaciones en sus redes sociales.
“Ya no tiene contacto con el resto de sus amigas. No habla con nadie, no sale. Son casi cuatro años de su vida perdidos. No ha podido ser profesional y tiene mucho miedo por el proceso (judicial)”, cuenta su amiga Ana (nombre protegido), quien impulsa y visibiliza el caso en Twitter con la cuenta JusticiaParaBrenda (@BrendaJusticia).
Los hechos
Este es el testimonio de Brenda. Cuando ocurrieron los hechos tenía 24 años.
“Cuando me encontraba realizando mi internado en la carrera de Radiología e Imagenología en el Hospital del IESS de Portoviejo, la noche del 30 de agosto de 2018, fui violada salvajemente por tres funcionarios públicos, todos ellos personal de salud.
El día de los hechos recibí un mensaje de texto de Darwin José C., quien fue mi profesor desde segundo hasta séptimo semestre y también a quien consideraba mi amigo en el que confiaba mucho. Él me pidió de favor que le acompañe en una cirugía, que debían realizarle porque tenía un angiomiolipoma (tumor no canceroso de grasa y tejido muscular que, por lo general, se encuentra en el riñón). Tomando en cuenta que era mi profesor, amigo y que tenía esa enfermedad, que además era mi caso clínico para exponer en la universidad y graduarme, estuve presta para acompañarlo.
Cuando llegué al hospital, se disculpó porque me dijo que le habían cambiado la fecha de la operación. Se ofreció a llevarme a mi casa, pero primero dijo que comamos algo. Después me pidió que lo acompañara a la clínica de quien ahora sé que se llama Rolando Fabricio Z. a retirar un material de radio diagnóstico. Darwin y Rolando ya se conocían. Cuando llegamos a la clínica, Rolando nos dijo que ese material no estaba ahí sino en su casa. Yo ya me quería ir en taxi a mi casa porque el día previo (29 de agosto) había hecho guardia en el hospital y estaba muy cansada. Pero Darwin insistió en que lo acompañara a casa de su amigo. Me dijo que sería rápido, que solo retiraba eso y me dejaba en la casa.
Llegamos a la casa del mencionado Fabricio y también llegó otra persona más que ahora sé que se llama Ronald R. Me senté un momento en el sillón y me ofrecieron un trago. Le di un sorbo y desde ese momento no recuerdo nada. Fui drogada y desperté al siguiente día aproximadamente a las 06:00. Estaba desnuda, tenía quemaduras, hematomas, laceraciones y mordidas en el cuerpo además de mucho dolor. Traté de pararme, pero las piernas no me respondían. Empecé a gritar para pedir ayuda pero Fabricio me amenazó con golpearme, me dijo que no lo denunciara porque tenía amigos en Fiscalía. No tenía mis teléfonos y me dijo que debía ir a verlos en Manta con Darwin. Había pedido un taxi para que me fuera y lo tomé.
Cuando llegué a mi casa seguía mareada, me dormí llorando. Desperté después de algunas horas, aún desorientada, y fui a buscar mis teléfonos a Manta. Cuando Darwin me devolvió los teléfonos llamé al 911 para denunciarlo. Lo detuvieron pero fue liberado a las pocas horas.
Cuando revisé mi teléfono encontré fotografías que me habían tomado cuando estaba drogada y desnuda, además de videos…”.
El proceso judicial
Los tres procesados recibieron en primera instancia una condena de 29 años y cuatro meses de cárcel por el delito de violación con agravante (haber filmado la agresión sexual). No obstante, apelaron esa sentencia en la Corte Provincial de Manabí y Darwin C. y Ronald R. fueron absueltos. Solo a Rolando Fabricio Z. se le ratificó la condena, pero ninguno hasta la fecha ha sido privado de su libertad.
“La sentencia de apelación es una sentencia que no se entiende. Desde lo jurídico resulta inentendible”, sostiene Ramiro García, abogado que lleva actualmente el caso de Brenda, al referirse que dos de los tres implicados fueron liberados pese a los videos y fotografías que ellos mismos tomaron a Brenda durante el ilícito.
El caso ahora se encuentra en casación en la Corte Nacional de Justica. Esta audiencia se desarrolló después de al menos tres diferimientos, el miércoles 2 de marzo del 2022.
“El recurso de casación tiene por objeto corregir los fallos jurídicos de la sentencia, los errores de derecho. Y justamente se ha dejado en claro que la sentencia de apelación incurre en varios errores”, explica el jurista.
Esos errores, asegura García, son que no se toma en cuenta el testimonio de la víctima; hay una contradicción en la sentencia que en una parte señala que la joven sí fue drogada y en otro apartado que no fue drogada. “Llegan a la conclusión de que sí fue drogada, sin embargo (los jueces de la Corte Provincial) no consideraron que hubo prueba suficiente”, acota.
Para el veredicto de la Corte Nacional no hay una fecha fija, depende de la agenda de los magistrados. En caso de una sentencia favorable la pena se ratificará para Rolando Fabricio Z. y se impondrá de nuevo para Darwin C. y Ronald R. De ocurrir lo contrario se debería acudir a una acción extraordinaria de protección y/o un recurso de revisión. “Sería muchísimo más complejo todo”, dice el abogado.