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La audiencia preparatoria de juicio por el caso Triple A se retomó la mañana de este miércoles 16 de julio de 2025, tras una suspensión de 23 días. La diligencia se desarrolla en el Complejo Judicial Norte de Quito y tiene como procesados a 22 personas naturales y jurídicas, señaladas por el presunto delito de distribución ilegal de derivados de petróleo.
Durante esta jornada, el fiscal Leonardo Alarcón cerró su dictamen acusatorio, en el que solicitó el llamado a juicio para 10 personas naturales y seis empresas como autoras del delito, y otras seis personas en calidad de coautoras. Entre los procesados está Aquiles Alvarez, actual alcalde de Guayaquil.
La Fiscalía sustenta su acusación con más de 250 elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal. Los documentos revelan que la capacidad de almacenamiento de varias estaciones de servicio no corresponde con los volúmenes de combustible adquiridos.
#AHORA | #CasoTripleA: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala el séptimo día de la audiencia preparatoria de juicio contra 16 personas naturales y 6 jurídicas. Hoy, la acusación particular continuará con su intervención. pic.twitter.com/4Dys0BD8iO
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 16, 2025
También se identificaron transacciones irregulares, como la venta de combustible industrial a distribuidoras del segmento automotriz. El fiscal Alarcón sostuvo que estas operaciones eran responsabilidad directa de los representantes legales de las empresas investigadas.
En esta séptima jornada, la audiencia arrancó con la continuación de la intervención de los abogados de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), que habían iniciado su exposición en la sesión anterior. La acusación de ARCH se centró en la participación de Jesenia V.
Christian Fuentes, representante de ARCH, señaló que el caso revela una violación sistemática a la normativa hidrocarburífera, especialmente en zonas sensibles como las fronteras. La siguiente intervención estará a cargo de Petroecuador, otra de las acusaciones particulares.
Tras las acusaciones de ARCH y Petroecuador, será el turno de los abogados defensores de los 22 procesados. Ellos buscarán desvirtuar los cargos y evitar que el juez emita el auto de llamamiento a juicio solicitado por Fiscalía.
Antes de concluir la diligencia, el juez Renán Andrade deberá resolver una solicitud de revisión de medidas cautelares planteada por el alcalde Alvarez, quien solicita retirar el grillete electrónico por razones médicas. En cambio, Fiscalía insiste en que se dicte prisión preventiva por un incumplimiento anterior.