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La atención tras una violación en Ecuador es deficitaria

La madre de Gloria cuenta todo lo que han pasado tras la violación. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

La madre de Gloria cuenta todo lo que han pasado tras la violación. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.

Geoconda Pérez es una psicóloga del centro de salud de Guamaní. Foto: Galo Paguay/ EL COMERCIO.

No quería hablar con nadie. Solo lloraba y quería irse a casa. Pero tuvo que esperar una hora para que el fiscal le receptara la denuncia por violación. El trajinar de ese 8 de septiembre del 2018 no terminó allí. En el laboratorio esperó cinco horas más para que le realizaran un examen médico legal y le tomaran muestras de fluidos, que luego serán cotejados con el ADN del agresor.

La joven cuenta cada detalle de ese día. “Es horrible que después de la violación tenga que seguir todo un proceso engorroso”. Se queda en silencio y pide que protejan su nombre, porque el sospechoso está libre. “Solo llámenme Carolina”.

La Fiscalía conoce cómo las mujeres afectadas deben pasar “varios procesos”, para judicializar la agresión sexual.

Con Jéssica sucedió igual. Cuando llegó a la Unidad de Flagrancias de Esmeraldas esperó seis horas para que le realizaran la prueba médica. Recuerda que lo único que le decían es que el médico legista atendía otras emergencias.

En el país, la Fiscalía tiene 68 médicos legistas, pero solamente el mes pasado a las oficinas judiciales ingresaron 320 denuncias por violaciones.

La fiscal Zoila Yánez dice que los especialistas no se alcanzan y que requieren al menos el doble del personal.

En Pichincha hay 14 médicos legistas, en Guayas 11. Estas son las provincias que más expertos tienen. En zonas como Cotopaxi, en cambio, solo hay uno. El año pasado, él tuvo que atender 140 denuncias.

Además, no trabaja ni sábados ni domingos. Cuando hay un caso el fin de semana llaman al perito de la Policía y cuando este no puede trasladan a la víctima a Ambato.

Para agilitar los procesos, la Fiscalía y el Ministerio de Salud llegaron a un acuerdo el año pasado. La idea fue que las víctimas también se hagan los exámenes legales en hospitales y en los denominados centros de salud tipo C. María del Cisne Ojeda, directora nacional de DD.HH, Género e Inclusión del Ministerio de Salud, dice que tienen “solo 15 peritos alrededor del país”.

“Justamente estamos trabajando para evitar que (las víctimas de violaciones) tengan que acudir a varios lugares”, indica la funcionaria.

Carolina habla despacio y desde lo ocurrido con ella conoció más casos. Por eso pide atender rápido y sin revictimizarlas. No quiere que se repita su caso. Los peritos en psicología que trabajan para la Fiscalía le realizaron cinco evaluaciones para medir la afectación emocional. Nunca explicaron por qué hicieron que recordara una y otra vez la agresión.

La llamaban al siguiente día, cada semana, en 15 días. Llegó un momento en que ya no quería ir, pero su madre la ayudó cuando estuvo deprimida.

Dos meses pasó de psicólogo en psicólogo hasta que llegó la audiencia de formulación de cargos. El sospechoso quedó detenido, pero en otra audiencia fue liberado por un juez, que ahora es investigado por el Consejo de la Judicatura.

La madre de Gloria cuenta todo lo que han pasado tras la violación. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.



Ahora, Carolina está en el programa de protección a víctimas. Allí recibe atención psicológica cada 15 días.

Pero esto no sucede con todas las afectadas. Por ejemplo, a Martha, la joven atacada sexualmente por tres hombres en Quito, el centro de salud público le dio una cita para marzo. Solo ahí podía iniciar un tratamiento psicológico.

Esto ocurrió, pese a que un juez ordenara que el tratamiento se iniciara en enero.

Cuando vio que era imposible una atención inmediata, Martha acudió a consultas psicológicas privadas.

Igual ocurrió con Gloria. Su madre recuerda cómo su hija fue violada por dos hombres frente a su nieto de 4 años.

El hecho ocurrió en La Ofelia, un barrio del norte quiteño, el pasado 22 de enero. “Esto nos cambió la vida. Antes reíamos y conversábamos; hoy en casa solo impera el silencio”.

Gloria y el niño tienen constantes pesadillas. Ellos tampoco encontraron una cita inmediata en el centro de salud y contrataron un psicólogo privado, para todo el tratamiento.

Cada consulta cuesta USD 50 y debe costear la familia.

El jueves (14 de febrero del 2019), este Diario estuvo en el centro de salud tipo C de Guamaní-Quito. María del Cisne Ojeda asegura que allí toda la atención es ágil y que brindan servicio de salud integral. “Parte de los procesos que estamos estableciendo en temas de salud mental es que a las víctimas de violencia de género se les pueda dar atención prioritaria e inmediata”.

La Fiscalía también tiene problemas por la falta de peritos psicólogos. En el país hay 65. Diego Arboleda, psicólogo de la entidad, advierte que “el número de expertos no es suficiente por la cantidad de denuncias en delitos sexuales”. Cree necesario aumentar el doble de la capacidad.

La fiscal general Ruth Palacios habla de “la necesidad de contratar más peritos”.

Jéssica recuerda los momentos que tuvo que vivir para superar el trauma de la agresión. Luego de tres semanas del ataque empezó a sentirse culpable por lo que le pasó.

No quería salir de su cama para ir a trabajar. Tenía ataques de ansiedad y cayó en depresión. Su familia le pidió que siguiera un tratamiento psicológico. Lo aceptó y por más de dos años pasó con un especialista y con antidepresivos.

Ahora ha superado el impacto y recuerda que después de la violación, el perito pidió que fuera a un centro de salud y solicitara medicamentos para evitar enfermedades de transmisión sexual. Pero no tenían.

“Es catastrófico lo que se vive en ese momento”, dice.

Carolina también llegó a una depresión extrema. La joven tuvo dos intentos de suicidio. Cinco meses después de lo ocurrido aún tiene pesadillas.

Hay días en que se siente triste. Prefiere quedarse en casa. Dice que solo se acuesta en su cama y llora. Su madre se acerca y le dice que esté tranquila y que no está sola en esto.

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