Asamblea pone freno al uso de uniformes de fuerzas del orden en actos delictivos

La reforma penal en Ecuador busca frenar la usurpación de identidad institucional y proteger la seguridad pública

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Ana Lucía Freire

Con 87 votos a favor, el Legislativo ecuatoriano aprobó, este martes 9 de junio de 2026, una reforma penal que busca frenar la usurpación de identidad institucional.

Esta problemática surge cuando grupos delictivos utilizan indumentaria de fuerzas del orden, lo que afecta la confianza ciudadana y la seguridad pública en Ecuador.

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Respuesta legislativa ante la inseguridad

El Pleno de la Asamblea concluyó el trámite en segundo debate de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales.

Esta normativa responde a la creciente tendencia de estructuras criminales que simulan operativos oficiales usando prendas identificativas de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El informe elaborado por la Comisión de Seguridad Integral enfatiza que esta reforma penal es fundamental para salvaguardar la seguridad pública. La asambleísta Jhajaira Urresta, quien presentó la moción, destacó que el marco jurídico integra medidas penales, administrativas y preventivas.

El objetivo central es desarticular la cadena logística de comercialización ilícita y establecer mecanismos robustos de control y trazabilidad.

Nuevas penas en el Código Orgánico Integral Penal

La reforma introduce modificaciones sustanciales en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se tipifica específicamente el uso fraudulento de indumentaria y elementos de identificación estatal.

Esto incluye derogar el artículo 296 para dar paso a un régimen sancionatorio más riguroso.

  • Uso no autorizado: Quienes porten uniformes de entidades reguladas por el Coescop, Policía o Fuerzas Armadas enfrentarán de uno a tres años de cárcel.
  • Simulación de autoridad: La pena escala de tres a cinco años si el uso se emplea para ejecutar falsos controles o procedimientos.
  • Gravedad institucional: La sanción aumenta a un rango de cinco a siete años si involucra insignias de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, dada la mayor afectación a la seguridad y la fe pública.

Control de comercialización y seguridad privada

La ley también combate el origen de estos insumos mediante el delito de fabricación y distribución ilícita. Las penas varían entre uno y siete años de prisión, alcanzando el máximo si están involucrados servidores encargados de la custodia de estos bienes.

Asimismo, las empresas de vigilancia privada deberán implementar controles estrictos sobre la entrega y devolución de uniformes. Se prohíben expresamente elementos que causen confusión con la indumentaria policial o militar.

Finalmente, se exige que toda actividad relacionada con estos bienes sea realizada únicamente por actores autorizados y bajo controles tributarios rigurosos.

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