Aquiles Alvarez y 21 personas naturales y jurídicas van a juicio en el Caso Triple A

El caso Triple A, uno de los procesos penales más relevantes del Ecuador por presunto desvío de combustible subsidiado, entra en su fase decisiva.

Este sábado 31 de enero de 2026 está prevista la instalación de la audiencia de juicio penal contra 22 personas naturales y jurídicas, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien porta un dispositivo de vigilancia electrónica.

La diligencia judicial se desarrollará en el Complejo Judicial Norte de Quito y, según el cronograma oficial, continuará el domingo 1 de febrero. 

El proceso investiga un esquema de comercialización ilegal de combustible. Se presume que esta práctica habría generado millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano e involucraría a empresas del sector hidrocarburífero.

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Un proceso judicial marcado por dilaciones reiteradas

El juicio del caso Triple A ha estado marcado por una serie de dilaciones procesales que han impedido su avance. De acuerdo con los registros judiciales, la audiencia ha sido diferida al menos en 13 ocasiones, principalmente por acciones impulsadas por las defensas técnicas de los procesados.

Entre los incidentes más frecuentes constan cambios reiterados de abogados, presentación de certificados médicos, solicitudes de nulidad y pedidos de copias certificadas del expediente. Fueron interpuestos incluso horas antes de audiencias previamente convocadas.

Estas estrategias legales han sido cuestionadas por los organismos de control como parte de un patrón de obstaculización del proceso penal, destaca la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).

Uno de los intentos más recientes para frenar la audiencia fue presentado por Fuelcorp. Esta empresa solicitó la nulidad del tribunal alegando supuestas irregularidades en la designación de uno de los jueces. Este pedido deberá ser resuelto antes de que se instale formalmente el juicio.

Defensores públicos para evitar nuevas suspensiones

Ante el riesgo de nuevas postergaciones, la justicia ecuatoriana dispuso la participación de defensores públicos de respaldo. Ellos ya fueron notificados y cuentan con conocimiento íntegro del expediente.

Para la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), los recientes cambios de defensa y solicitudes de tiempo adicional confirman una estrategia sistemática de dilación, que ha impedido que el caso llegue a la etapa de juzgamiento.

ARCH afirma tener pruebas técnicas y documentales

La ARCH aseguró contar con pruebas contundentes para sustentar la acusación durante la audiencia. Según su director ejecutivo, Christian Puente, el expediente reúne 185 elementos probatorios, entre testimonios, peritajes técnicos y documentación oficial.

Uno de los ejes centrales de la investigación se concentra en Manabí, donde los procesados deberán justificar el presunto destino de 10 millones de galones de combustible naviero.

Registros oficiales evidencian que en esa provincia existe solo un tanque con capacidad para 250 000 galones, lo que deja 9,75 millones de galones sin ubicación física conocida, señala ARCH.

Otro hallazgo clave se ubica en Zamora Chinchipe, que es una zona fronteriza asociada a minería ilegal, donde se detectaron ventas de hasta 500 000 galones en una sola estación de servicio,. Según la ARCH, incluso a vehículos sin placas, “una práctica prohibida por la normativa hidrocarburífera vigente”.

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