Los autores de información falsa acerca de los sismos o de las acciones de las autoridades del país merecerán penas de hasta 10 años de prisión.
El presidente de la República, Rafael Correa, recalcó la importancia de la difusión de información oficial y verificada sobre los acontecimientos relacionados con los sismos que azotan a la capital ecuatoriana. Lo hizo durante la rueda de prensa que ofreció, la noche del sábado 16 de agosto, en compañía del alcalde de Quito, Mauricio Rodas.
En una posterior reacción a las declaraciones del Primer Mandatario, el ministro del Interior, José Serrano, declaró que los testimonios falsos o información errónea serán considerados un delito o incluso sabotaje. Y agregó que pudieran tener hasta penas de 10 años de cárcel. “Tengamos en cuenta, no brindar información sin fundamento”.
Asimismo, el funcionario ordenó al comandante de la Policía Nacional, Rodrigo Suarez, realizar investigaciones en la zonas de San Antonio de Pichincha y en Pomasqui, donde se originó la mayoría de los reportes falsos. Además, el Equipo de Inteligencia Anti Delincuencial será el organismo responsable de las investigaciones sobre los rumores, tanto en las calles como en las redes sociales.
Los efectivos de la Policía Nacional realizarán, junto con las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Bomberos, los operativos para difundir a los ciudadanos la información brindada por las autoridades del Municipio de Quito, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y los organismos de control.