Dos oficiales investigados por el caso pases policiales fueron condenados a 13 años. Tres agentes que proporcionaron información en el juicio recibieron 10 meses de cárcel. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO.
Las confesiones judiciales fueron reservadas. Los tres policías detenidos entregaron nombres, fechas y datos de las operaciones ilícitas que ocurrieron entre el 2014 y 2015.
A través de esos testimonios, la Fiscalía descubrió a los uniformados que integraron una red ilegal que vendía pases dentro de la Policía.
Así, el general Fausto Tamayo y el teniente Alexis Cifuentes fueron señalados como los cabecillas de la estructura delictiva y ahora pagan una condena de 13 años de cárcel como autores de delincuencia organizada. Los tres uniformados, en cambio, recibieron una sentencia de 10 meses de prisión por el mismo delito.
¿Por qué la diferencia entre una y otra condena? Tania Moreno, fiscal de Pichincha que investigó este caso, señala que los tres policías se acogieron a la denominada cooperación eficaz, una figura incluida en el Código Integral Penal (COIP) y que está vigente desde el 10 agosto del 2014.
En el artículo 491 de esa legislación se dice que la cooperación eficaz es un acuerdo entre la Fiscalía y los procesados para conocer ‘información precisa, verídica y comprobable’ y así esclarecer un caso o impedir que se perpetren nuevos delitos.
A cambio de revelar todo lo que saben, los detenidos reciben una sentencia pequeña, que está entre el 10% y 20% de la pena mínima fijada para cada delito. En delincuencia organizada, la sanción mínima es de siete años.
Sobre ese valor, los jueces hicieron el cálculo al momento de establecer la sentencia contra los tres agentes. Sin embargo, ahora esa figura es cuestionada por el Ejecutivo y se propone una reforma.
En el documento que envió a la Asamblea, el presidente Rafael Correa advierte que analizó el artículo y detectó que “la disminución a la que puede llegar la pena es sumamente alta”.
Por eso plantea que la rebaja no sea tan considerable para quienes cooperen con la Fiscalía. La Comisión de Justicia del Legislativo analizará mañana el texto. Vinicio Luna fue otro procesado que se benefició de la denominada cooperación eficaz, según confirmó la Fiscalía de Pichincha a este Diario. El excoordinador de Logística de la Ecuafútbol (FEF) salió libre en diciembre pasado tras cumplir un año de cárcel por lavado de activos.
Luis Chiriboga, expresidente de la FEF, sigue con arresto domiciliario. Él también fue indagado por lavado y recibió una sentencia de 10 años.
En el país no hay datos de cuántos procesos penales se han resuelto con esa figura desde que rige el COIP.
Através de un correo electrónico, el Consejo de la Judicatura señaló que “al momento el Sistema Automático de Trámites Judiciales Ecuatoriano no registra datos específicos sobre este tema”.
Actualmente solo se conoce los casos de Luna y el de los pases policiales. En noviembre pasado, Carlos Pareja Yannuzzelli, quien permanece prófugo tras el escándalo de corrupción detectado en Petroecuador, intentó acceder a una cooperación eficaz, pero el fiscal general Galo Chiriboga lo descartó. El funcionario dijo que “para iniciar un proceso de esa naturaleza, el sospechoso primero tiene que estar a las órdenes de las autoridades, es decir que se encuentre en Ecuador”.
Sobre la cooperación eficaz, la Corte Nacional de Justicia ha señalado que esta figura se “adecúa a las exigencias internacionales”. Este mecanismo también se aplica en Brasil, Argentina, México, Perú, entre otras naciones.
La fiscal Moreno considera que la cooperación eficaz es una de las técnicas de investigación más importantes para resolver delitos graves. “La empleamos para llegar a los cabecillas de las redes criminales. Los fiscales recibimos los testimonios de quienes que son parte de la estructura”.
Precisamente por esto, la Fiscalía del Ecuador ya ha anunciado que utilizará esta figura para indagar el escándalo de corrupción de Odebrecht.
Anteayer, Chiriboga dijo que mantiene conversaciones con representantes de la firma brasileña para un posible acuerdo y así acceder a información sobre los sobornos que entregó a funcionarios ecuatorianos.
En Brasil a esta técnica se la conoce como ‘delación premiada’ y se empleó para indagar el caso Odebrecht. Actualmente hay un acuerdo entre la Fiscalía y 77 directivos de la constructora.Con esos testimonios los fiscales de EE.UU., Suiza y Brasil conocieron que Odebrecht pagó sobornos en al menos 100 proyectos de América y África.
