La inseguridad, la delincuencia y el mal estado de las calles son algunos de los problemas que afectan a los habitantes del barrio El Recreo.
“Por frenar para esquivar los huecos ahí también les roban”, denuncia Jorge Cevallos, vecino del barrio del sur de Quito. Pero no es el único momento en el que ocurren los asaltos.
Sobre la calle Joaquín Gutiérrez hay locales comerciales con diferentes negocios. “Parecen cárceles porque todos están enrejados”, describe el hombre.
A los comerciantes ya los han asaltado, incluso dejándolos amarrados al interior de los establecimientos. Según los vecinos, los sospechosos aprovechan cuando se queda una persona sola, especialmente, cuando se trata de una mujer.
La historia para los transeúntes es similar. “No importa si es de día o de noche”, lamenta Patricio Aguas que vive en una de las calles del barrio. Asegura que la comunidad ya no se siente segura ni dentro de sus viviendas.
Así lo confirma Gloria Guerrero, que reside en la zona hace 34 años. “Golpean las puertas, pueden treparse, uno ya no sabe”, cuenta temerosa.
En Quito, la inseguridad es la principal preocupación de los ciudadanos. Alcanza 39,9% de acuerdo con datos de 2022 del colectivo Quito Cómo Vamos.
Un estudio del Municipio capitalino detalla que existen 280 Unidades de Policía Comunitaria (UPC). Pero 117 están cerradas por diversos problemas.
Para la presidente del Cabildo barrial, Alexandra López, es un tema que ya no da para más espera. En 2021 dirigieron un oficio a la entonces ministra Alexandra Vela para pedir que se repotencien las UPC.
No hay respuesta hasta hoy y los vecinos reconocen que “por más que quieran los policías no pueden dividirse en 20 para atender a todos”.
El Cabildo de la Ferroviaria está conformado por alrededor de 70 barrios. Para la vigilancia de todos hay un aproximado de 40 agentes.
Entonces cuando se reporta una emergencia nadie llega. “Dicen que estaban atendiendo otro asalto y vienen cuando ya todo pasó”, cuenta Cevallos.
Otro problema del sector sería el mal estado de los vehículos de la Policía Nacional. Uno de los vecinos señaló que de ocho unidades solo dos están operativas.
Es así que la situación se vuelve cada vez más complicada. Ahora los vecinos buscan la manera de organizarse para defenderse por su cuenta.
Pero López teme que en un ajusticiamiento se les vaya la mano y terminen judicializados. Es una línea delgada entre la legítima defensa y la agresión a otra persona, aunque se trate de un presunto delincuente.
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