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La calidad del servicio volvió al centro del debate sobre el transporte público en Quito. Mientras el Municipio impulsa una nueva tarifa de 0,40 dólares para 2027, las discusiones actuales recuperan un antecedente de hace seis años. En ese momento, el Concejo Metropolitano aprobó el incremento de 0,25 a 0,35 dólares bajo un esquema que vinculó el aumento del pasaje con mejoras en la operación y el servicio.
En 2020, el Concejo Metropolitano aprobó la Ordenanza 017-2020, que elevó la tarifa urbana de transporte público de 0,25 a 0,35 dólares. Esta normativa estableció que las operadoras debían suscribir adendas a sus contratos y cumplir indicadores de calidad antes de aplicar la nueva tarifa. Entre las condiciones se encontraban evaluaciones del servicio, índices de calidad y un régimen de incumplimientos para las empresas de transporte.
La ordenanza también vinculó el incremento con la integración de los subsistemas de transporte público de la ciudad, la implementación del Sistema Integrado de Recaudo (SIR) y la reestructuración de rutas. Además, estableció indicadores de desempeño relacionados con regularidad, puntualidad y satisfacción de los usuarios.
Antes de que el Municipio y los transportistas anunciaran el acuerdo para una nueva tarifa, la vicealcaldesa de Quito, María Fernanda Racines, se refirió al debate sobre el transporte público.
Racines sostuvo que la ciudadanía exige cambios en el servicio y recordó que el pasaje subió a 0,35 dólares hace algunos años. También señaló que muchos usuarios consideran que no existieron mejoras suficientes en la calidad del transporte.
La Vicealcaldesa indicó que el Municipio reformó los indicadores con los que evalúa el transporte urbano debido a que varios parámetros anteriores no podían medirse. Entre los aspectos que ahora se controlan mencionó el estado de las llantas, el uso del cinturón de seguridad, el cierre de puertas entre paradas y las condiciones de seguridad en las unidades.
El presidente de la Comisión de Movilidad del Concejo Metropolitano, Diego Garrido, señaló que el análisis para llegar al acuerdo incluyó aspectos como la tarifa técnica, la tarifa socialmente justa, los costos de operación y el impacto económico de las exigencias de calidad para el sistema de transporte.
Según Garrido, cualquier mejora que se incorpore al servicio implica costos que deben ser evaluados técnicamente antes de definir una tarifa.
El 22 de mayo de 2026, el Municipio de Quito y los transportistas anunciaron un acuerdo para plantear una tarifa de 0,40 dólares desde el 1 de enero de 2027.
Entre los compromisos anunciados constan la implementación del Sistema Integrado de Recaudo, un Sistema de Administración de Flota para monitorear velocidades y frecuencias, certificación y capacitación de choferes, canales para receptar quejas ciudadanas, controles adicionales a las unidades y cámaras de seguridad en los buses.
A pesar del anuncio, la tarifa todavía no entra en vigencia. El alcalde Pabel Muñoz señaló que el Municipio enviará una propuesta de ordenanza al Concejo Metropolitano de Quito. Este organismo deberá debatir y decidir sobre el incremento. Tanto la Ordenanza 017-2020 como la propuesta anunciada en 2026 vinculan el aumento con medidas relacionadas con la calidad del servicio, control operativo y modernización del sistema.
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