El camino para la prevención de riesgos en Quito está intacto. El aluvión en La Comuna y La Gasca, que dejó 28 víctimas mortales, vuelve imperantes las acciones ante posibles eventos, desde varios frentes. La ciudad recibió un recordatorio: es vulnerable. Hay acciones, pero no son coordinadas.
“No existe solución milagrosa”. Liliana Troncoso, docente de la carrera de Geología de la Universidad Central del Ecuador, da cuenta de esta realidad. Ella es parte de un equipo de cerca de 30 expertos que se pusieron al hombro el análisis del fenómeno ocurrido para, con estudios en mano, plantear alternativas válidas. Hace una analogía con el covid-19: “en este momento, apenas se trata la fiebre”.
Pero al igual que con la pandemia, es necesario entender las características del fenómeno y factores de vulnerabilidad para establecer medidas. En esta ruta están levantando información junto con colegas de la Universidad de Nariño-Colombia y 20 estudiantes. Inspecciones y análisis de imágenes captadas el día del evento son parte de los pasos necesarios.
Hay elementos que llaman la atención al equipo, como la diferencia entre el flujo que bajó por el extremo norte y el del sur de la zona afectada. El primero es más denso y cargado de sedimentos; y el segundo, con menos materiales.
Entre los primeros resultados, se registró que el volumen del depósito del evento se encuentra entre 18 000 y 23 000 m³. Es decir, el material que bajó en el aluvión por la quebrada El Tejado y se quedó en la zona. Esos valores equivalen a al menos 2 571 volquetes de 7 m³ o cinco piscinas olímpicas, de 50×25 m y 2,7 m de profundidad.
Esas medidas corresponden, en teoría, a un evento pequeño. Sin embargo, explica Troncoso, terminó en tragedia por la alta exposición de elementos en el camino y superó la capacidad de reacción. Por ejemplo, en el deslizamiento ocurrido en el río Pisque (1990) fueron 3,6 millones m³.
Aun así, es una meta distante hablar de medidas estructurales determinadas. Troncoso insiste en que no fue un evento producto únicamente de acciones naturales. Fue un fenómeno con múltiples factores, entre ellos, los urbanísticos. Y se debe entender que siempre hay un riesgo no mitigable, lo que no quiere decir que no se trabaje en prevención. Más aún, si en Quito los sitios propensos a inundaciones y a movimientos en masa son unos 150.
La catedrática comparte que ninguna institución pública, al menos hasta la semana pasada, los contactó para trabajar ‘a dos manos’. El equipo mantiene la premisa de consolidar las evidencias para la toma de decisiones. Más aún cuando la Universidad Central se encuentra en la zona del evento.
El Municipio, por su parte, anunció que ya trabajan en el tema, con componentes que se desarrollarán en cuatro años: sistema de alerta temprana, mejorar las capacidades técnicas de la Dirección de Gestión de Riesgos, capacitación de la comunidad y actualizar el Plan de Uso y Gestión de Suelo.
Según la Secretaría de Seguridad del Cabildo, el presupuesto 2022 para gestión de riesgos es de USD 1 104 785 y el de 2021 fue de USD 2 059 543. Anualmente, se asigna alrededor de USD 1 millón. Sin embargo, a mediados de año se hace una ampliación. Indican que los recursos se han invertido, por ejemplo, en la compra de maquinaria para mitigación de riesgo, a través de Emseguridad.
Y si de recursos se trata, Christian Rivera, especialista en reducción de riesgos, menciona datos de la Oficina de las Naciones Unidas: “Por cada dólar invertido en la reducción de riesgos y en prevención se pueden ahorrar hasta
USD 15 en la recuperación después de un desastre. Cada dólar invertido en erigir infraestructuras resistentes a desastres ahorra USD 4 en la reconstrucción”.
La comunidad
Rivera apela a la capacitación comunitaria. Que los “huéspedes de las quebradas” desarrollen capacidades frente a posibles desastres. En 2015, la Secretaría de Ambiente, a través del Plan de Recuperación de Quebradas, identificó 183 que están relacionadas con áreas pobladas. En las laderas del Pichincha son 53.
Para el experto, solo se responde y no se trabaja en la mitigación del peligro. Una alternativa: comités de gestión con moradores de las zonas vulnerables, “guardianes de las laderas”. Pueden dar la primera alerta, de la mano de sistemas accesibles y que ya se han usado en la capital: los pluviómetros comunitarios. En 2017 ya hubo gente capacitada para usarlos, como en el barrio Cochapamba Sur.
Cuando ha llovido más de 10 milímetros, el dispositivo empieza a pitar y se debe dar la alerta, a vecinos y autoridades. Entre las reacciones inmediatas: ir a los pisos altos, no circular por las vías, poner a buen recaudo vehículos, etc.
El experto recorre zonas de riesgo para identificar los peligros y guiar a la comunidad. Surgen varios puntos: actualizar el mapa de amenazas, analizar la vida útil de las estructuras existentes, fiscalizar las causas del evento que dejó 28 fallecidos y pensar en una ciudad a 10, 20 y 30 años.
Entre las acciones permanentes está la vigilancia de las quebradas, el estado de la cobertura vegetal y la reforestación. Cecilia Pacheco, secretaria de Ambiente de Quito, alerta sobre escenas frecuentes: basura, escombros, construcciones al filo de las hondonadas, rellenos… Se suma que las raíces de eucaliptos erosionan la tierra. Después del aluvión han visitado ocho quebradas del Pichincha. Y hace dos semanas se reforestó en cuatro sitios de Quito.
El Ministerio del Ambiente suspendió temporalmente las licencias de aprovechamiento forestal en la zona Pichincha-Atacazo. El área bajo protección consta de 9 932 hectáreas y otra de las medidas en marcha, dice Pacheco, es un ajuste a la Ordenanza 446, para la ampliación a 22 570, con un modelo de gestión más dinámico.
Gran parte de la zona tiene dueños. Según el catastro, al menos el 60% es de propiedad privada. Pacheco habla de la necesidad de actualizar los registros. En bosques protectores se permiten plantaciones para aprovechamiento y comercialización, con un proceso de autorización sujeto a análisis. Se plantean incentivos no económicos para que cuiden estas áreas: asistencia técnica, descuentos en el pago del predial y más.