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Agresiones contra el personal operativo de tránsito en la capital derivaron en sanciones penales determinadas por los juzgados este viernes 11 de septiembre de 2026. Tras la sustanciación de las pruebas en los tribunales correspondientes, la administración de justicia declaró la culpabilidad de un infractor por cometer actos de agresión a agentes civiles de tránsito mientras se desarrollaban labores de inspección vial.
La resolución judicial se estructuró luego de la audiencia formal de juzgamiento efectuada el pasado 3 de septiembre de 2026.
En dicha diligencia, el juzgador de la causa analizó los elementos probatorios y determinó la responsabilidad directa del ciudadano en el ataque físico cometido en perjuicio de dos funcionarios que integran la Agencia Metropolitana de Tránsito.
El incidente violento ocurrió el 2 de septiembre de 2026 durante un procedimiento de control vehicular. Conforme a lo expuesto en el dictamen, el implicado intentó evadir a los servidores municipales en el punto de parada obligatoria, para lo cual embistió intencionalmente una motocicleta de dotación institucional.
El impacto vehicular causó la caída inmediata sobre la calzada de los dos uniformados; acto seguido, uno de ellos sufrió agresiones físicas directas propinadas por el conductor.
El dictamen sancionatorio estableció múltiples medidas de cumplimiento obligatorio en contra del ciudadano responsable.
La autoridad judicial impuso una pena privativa de libertad de tres días de prisión para el agresor, sumada al pago obligatorio de una multa económica equivalente a un salario básico unificado (482 dólares).
En el ámbito de la habilitación de conducción, el tribunal dispuso la reducción directa de 10 puntos en la licencia de conducir del procesado.
De forma complementaria a la reclusión carcelaria y la sanción económica, el juzgado ordenó la ejecución de medidas de reparación integral en favor de los dos servidores perjudicados por el ataque.
La entidad municipal reafirmó su postura de recurrir a las vías del ordenamiento jurídico para procesar este tipo de conductas violentas, exigiendo el respeto a la integridad de los uniformados mientras ejercen sus tareas de servicio ciudadano en las vías.