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El Concejo Metropolitano de Quito aprobó una nueva normativa que redefine la colocación de vallas y pantallas publicitarias en la ciudad. La ordenanza, impulsada por el alcalde Pabel Muñoz, fue aprobada la noche del 30 de octubre de 2025 con 15 votos a favor, tres en contra y cinco ausencias.
El Municipio sostiene que la medida busca ordenar el espacio público y reforzar los controles municipales, mientras que concejales y colectivos ciudadanos aseguran que legaliza estructuras ilegales y perdona deudas millonarias acumuladas durante años.
Durante el debate, el concejal Adrián Ibarra recordó que el censo municipal de enero de 2024 identificó 1 040 vallas publicitarias, de las cuales solo 151 tienen licencia.
Según dijo, esa falta de control reduce significativamente la recaudación: “El Municipio obtiene 331 000 dólares al año, cuando debería recibir más de 3,3 millones si todas las estructuras pagaran la tasa correspondiente”.
La ordenanza impulsada por Muñoz fija un límite máximo de 1 430 vallas en el Distrito.
Los propietarios deberán tramitar la Licencia Metropolitana Urbanística de Publicidad Exterior (LMU-41A), cumplir con los requisitos técnicos y tributarios, y contratar un seguro contra daños a terceros.
El documento establece multas por tipo de infracción:
La Agencia Metropolitana de Control (AMC) podrá imponer sanciones adicionales de entre cuatro y veinte salarios básicos a quienes reincidan o mantengan vallas sin permiso.
También prohíbe la instalación de estructuras en zonas de protección ecológica, patrimonial o arqueológica, exige una distancia mínima de 200 metros entre vallas y permite su colocación solo en lotes de al menos 300 metros cuadrados frente a vías colectoras o arteriales.
Las pantallas electrónicas podrán funcionar entre 06:00 y 22:30, y hasta 00:00 en centros comerciales.
Además, el Municipio podrá delimitar Polígonos de Publicidad Masiva, y los operadores deberán ceder 30 segundos gratuitos de emisión cada 30 minutos para mensajes institucionales o de seguridad.
La ordenanza de Muñoz dispone que las administraciones zonales calculen y cobren los valores no pagados por estructuras instaladas antes de su aprobación.
Aclara que las nuevas licencias no eliminan ni compensan las deudas pendientes y que los cobros se harán bajo los procedimientos del Código Tributario.
De acuerdo con el Cabildo Cívico de Quito, las multas acumuladas por vallas ilegales superan los 79 millones de dólares.
El concejal Bernardo Abad, uno de los tres votos en contra, señaló que la ordenanza de Muñoz permite regularizar estructuras ilegales sin asegurar el pago de las multas atrasadas.
Según explicó a EL COMERCIO, “esta norma permite que las empresas cambien de nombre o transfieran sus activos para eludir sus obligaciones. En la práctica, no se podrá cobrar nada”.
Abad afirmó que tras el inicio del debate, se colocaron nuevas vallas sin autorización, lo que incrementó el número total a entre 1 400 y 1 500 estructuras.
Dijo que el Municipio podría dejar de recuperar millones de dólares por la falta de un mecanismo claro de cobro.
La vocera del Cabildo Cívico de Quito, María Elena Rodríguez, aseguró que la ordenanza propuesta por Muñoz favorece a los grandes grupos publicitarios y perdona multas acumuladas durante años.
Según recordó, el catastro municipal de 2024 registró 1 460 vallas y pantallas, de las cuales 889 eran ilegales y solo unas 150 estaban regularizadas.
“El Municipio está dejando de cobrar millones a los grandes valleros. En lugar de restringir la contaminación visual, la ordenanza amplía los cupos y legaliza lo ilegal. Pasamos de 150 vallas con permiso a 1 400 autorizadas”, dijo Rodríguez.
Agregó que el proceso de aprobación estuvo marcado por presiones del sector publicitario y la falta de atención a advertencias técnicas sobre salud visual, seguridad vial y contaminación urbana.
“Hubo un ‘lobby’ fuerte y un Concejo que actuó como aplanadora del alcalde. Esta norma no protege la ciudad, protege intereses privados”, sostuvo.
Rodríguez también señaló que la norma técnica complementaria, encargada de establecer las distancias mínimas y los polígonos donde se podrán instalar vallas, aún no cuenta con aprobación.
Explicó que esta falta de definición mantiene en incertidumbre los límites reales para colocar nuevas estructuras.
El Concejo Metropolitano otorgó 15 días a la Secretaría de Hábitat para presentar esos parámetros.
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