
El proceso de adquisición de 60 trolebuses eléctricos dio paso a la polémica en el Concejo Metropolitano de Quito.
Aunque la Empresa de Pasajeros destaca un ahorro superior a 1,6 millones de dólares respecto al valor de mercado, concejales como Michael Aulestia y Andrés Campaña plantearon sus dudas sobre la legalidad del convenio y la transparencia en los costos.
El valor promedio pagado por cada unidad de trolebús fue de 581 364,26 dólares, frente a los 609 148,80 dólares establecidos como referencia en el estudio de mercado. La compra se realizó bajo el convenio de cooperación suscrito con la Unops, en noviembre de 2023. Según la Alcaldía, esto permitió sortear el “torpedeo” que permite el sistema de contratación pública nacional, que ha echado abajo varios procesos para renovar el transporte en administraciones anteriores.
Durante la sesión del Concejo Metropolitano, el concejal Michael Aulestia sostuvo que “no busca imponer una narrativa”, sino plantear interrogantes legítimas. “Soy el primero en celebrar que estos trolebuses se pongan al servicio de la ciudadanía. Pero eso no puede impedir un proceso de fiscalización serio, objetivo y documentado”, señaló.
Aulestia citó el artículo 3 de la Ley de Contratación Pública como base para este tipo de convenios, pero cuestionó si en efecto se cumplió lo estipulado: “Quiero que se nos remita la base legal concreta que ampara este contrato con la Unops”.
También denunció inconsistencias en los valores de flete declarados ante el Servicio Nacional de Aduana y afirmó que siete trolebuses han presentado fallas en el primer día de su trabajo. “El ET22 tuvo un problema eléctrico en el patio de El Recreo. El ET44 presentó una falla térmica en baterías. ¿Quién aprobó técnicamente estas unidades? ¿Qué garantías tiene la ciudad?”, preguntó.
El concejal Campaña contextualizó el debate en una transformación más profunda: la necesidad de cambiar el modelo de gestión del transporte público. Sus palabras avivaron la polémica en el Concejo de Quito por los nuevos trolebuses.
“Tengo un sueño, y es el de modernizar el sistema para que los quiteños viajen con dignidad. Hoy el 65 % de las personas con menores recursos depende del transporte público. Debemos poner fin a esa guerra del centavo que pone en riesgo a usuarios y peatones”, por los buses que compiten para tener pasajeros, expresó.
Campaña también cuestionó la legalidad de la intermediación internacional y los términos del contrato con Unops. Afirmó que el Municipio simuló un proyecto multilateral para justificar un mecanismo excepcional: “Si no existía financiamiento real por parte de un organismo multilateral, entonces no se puede invocar el artículo 3. ¿Si la ONU invirtió 50 000 y recibió más de USD 2,4 millones por la implementación y otros valores indirectos, ¿cómo no va a estar contenta?”
Frente a la polémica, el alcalde Pabel Muñoz asumió una defensa política en el Concejo del proyecto de los nuevos trolebuses. “Podría quedarme en la comodidad de no hacer nada, pero eso sería rendirme. Lo más fácil en Quito es no hacer nada porque todo se critica. Nosotros decidimos dar un salto”, afirmó.
Muñoz aseguró que el proceso fue “eficiente y transparente” y denunció que hay sectores interesados en que la modernización del transporte no avance. “Se torpedeó el plan de recaudación, se frustró la renovación de flota varias veces. Hoy que lo logramos, algunos solo ven sombras”, dijo.
La Empresa de Pasajeros, a través de su gerente, Xavier Vásquez, informó ante el Concejo que el contrato global con Unops asciende a 36,1 millones de dólares. El monto incluye la compra de las unidades, pruebas, capacitación, servicios logísticos y soporte técnico. Las adquisiciones se realizaron mediante una licitación internacional abierta publicada en el portal de Naciones Unidas y en medios especializados.
Pese al respaldo de la Alcaldía, varios concejales habían solicitado acceso a la documentación completa: costos unitarios, conformación de comités técnicos y garantías del fabricante. Unops, según denunciaron, habría declarado parte de la información como confidencial.
La llegada de los nuevos trolebuses marca un punto de inflexión en la política de movilidad urbana, pero también abre un campo de tensión institucional sobre cómo se gestiona la transparencia, la fiscalización y la legitimidad del gasto público.