Con brigadas de padres y profesores se vela por la seguridad de los estudiantes, en Quito. Realizan controles dentro y fuera de los planteles para evitar robos.
Edgar Calles, rector de la Unidad Educativa Fiscal Julio Tobar Donoso, en el sector de Chillogallo al sur de Quito, explica que realizan brigadas de educación vial en los exteriores y brigadas de control en el interior.
El control de seguridad empieza desde la mañana y se extiende hasta la tarde. A la hora del ingreso y la salida de los estudiantes se colocan entre cuatro y cinco padres de familia en las calles aledañas a la institución para cumplir con las brigadas de educación vial.
Este plan consiste en que un grupo de padres, que se va turnando por curso, permanezca en los exteriores de la institución vigilando el tránsito de los estudiantes. Las brigadas de educación vial tienen el objetivo de promover el respeto a las normas de tránsito en el que los alumnos se convierten en peatones.
Además de controlar el cumplimiento de estas normas, los padres de familia de turno deben vigilar el trayecto de llegada o salida de los alumnos al plantel educativo. A este grupo se suman otros padres de familia para realizar rondas en las calles aledañas para evitar situaciones de peligro como robos a los alumnos.
En el interior de este plantel- que cuenta con más de 1 800 estudiantes- también se hacen brigadas de control. En los patios, baños y pasillos se despliegan profesores, durante el recreo, hora de entrada y salida, para identificar conflictos escolares.
El rector comenta que durante los últimos años no se han registrado conflictos que involucren violencia, acoso, robo, entre otros.
Según la Fiscalía General del Estado (FGE), entre 2021 y 2022, hubo un crecimiento en las cifras de robos a personas en toda la ciudad.
Para 2021 hubo 6 001 y en 2022 se incrementó a 7 319 robos, con una incidencia del 25,59% en horas de la mañana, 31,7% en la tarde y 31,72% en la noche.
La concientización de la violencia
Patricio Mora, rector de la Unidad Educativa Luis Enrique Raza Bolaños, en el sector de San Martín al sur de la ciudad, comenta que se trabaja en la prevención con el alumnado.
La institución educativa, que cuenta con más de 1 400 alumnos, incluye charlas de prevención de situaciones de violencia e inseguridad para enseñar a los estudiantes a cómo actuar frente a un hecho.
Los profesores cuentan con un determinado espacio en las aulas para realizar las actividades para concienciar a los alumnos sobre la seguridad. Los maestros proporcionan mecanismos y técnicas para mantenerse a salvo como: no caminar solo, evitar los lugares oscuros, conocer números de emergencia, etc.
En esta institución tampoco se han registrado hechos de inseguridad, pero para prevenir también se realizan brigadas de docentes y padres de familia acompañados por la Policía Nacional del sector.
Andrea Esmeraldas, psicóloga de la Escuela Particular San José de La Providencia, en el centro sur de la urbe, cuenta que en esta institución no se han registrado hechos de inseguridad.
Pero la prevención consiste en realizar campañas con talleres y charlas que aborden temáticas de seguridad y qué hacer en caso de vivirlos. Estos se dan a todos los niveles de educación y se usan dinámicas, canciones y otro tipo de material didáctico para crear conciencia ante la seguridad.
Plan Escuelas Seguras
Las instituciones educativas trabajan en conjunto con los ministerio del Interior, de Educación y la Policía en el Plan Nacional de Escuelas Seguras para resguardar la seguridad de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos y el cumplimiento de sus derechos.
El teniente Pedro Taboada, coordinador de Policía Comunitaria del Distrito Manuela Sáenz, Quito, explica que el proyecto consiste en que la policía realiza un acercamiento a las unidades educativas para dar soporte y controlar el ingreso y salida de estudiantes.
Añade que el control se realiza con mayor incidencia en zonas que representan un mayor peligro para los alumnos como: Chillogallo, av. Rocafuerte, San Martín, entre otras.
A escala nacional se encuentran 220 instituciones dentro de la iniciativa de las cuales 46 están en Quito.
Según datos de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos, Dirección Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir del Ministerio de Educación y La Policía para 2020 se registró 11 robos y para 2021 uno, en planteles.
En cambio, el Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana (OMSC), muestra que para 2022 hubo 20 robos en unidades educativas y en 2023 fueron seis, con corte del 19 de abril del 2023.
Taboada explica que parte de las situaciones que alteran la seguridad son los enfrentamientos entre estudiantes al exterior de la institución educativa.
En este caso, los miembros policiales actúan en el hecho y toman las medidas correspondientes como el informe a la institución, padres de familia y se evalúa la situación para activar las medidas disciplinarias del Ministerio de Educación.
El proyecto se maneja con el apoyo de la Policía Metropolitana y personal de Control del Espacio Público.
Las estrategias para manejar la situación es realizar rondas por las calles aledañas, colocarse en las puertas de ingreso de las instituciones, alertar a los estudiantes del peligro y crear convenios entre la policía y las instituciones educativas.
El Ministerio de Educación informó que se realizan evaluaciones del plan para velar por la seguridad y devolver la tranquilidad a los estudiantes y padres de familia.
Los militares se suman
El acompañamiento de los militares en las instituciones educativas se concentra en la entrada y salida de los estudiantes para resguardar la seguridad.
Esto se da por el decreto 730, que responde a una resolución alcanzada el viernes, 28 de abril del 2023, por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe).
El Ejecutivo aprobó operaciones militares y policiales contra el terrorismo. Esto responde a una estrategia que intenta contener la ola de violencia del crimen organizado.
Ante ello se estipula la presencia de militares en ocho provincias del país como: Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Azuay, Morona Santiago y Pichincha. El acompañamiento empezó desde el miércoles 3 de mayo del 2023.
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