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Mientras el Municipio de Quito insiste en recuperar el control del Estadio Olímpico Atahualpa, temas de fondo como la movilidad y la gestión de riesgos siguen sin soluciones estructurales claras en la ciudad.
La administración ejecuta obras dispersas mientras enfrenta una batalla judicial por el estadio y el avance del proceso de revocatoria contra el alcalde Pabel Muñoz, en un contexto marcado por la fragmentación de prioridades y la presión política.
Verónica Miranda Rubio, académica e ingeniera civil, sostiene que las obras deben priorizarse con criterios técnicos, participación ciudadana y sostenibilidad ambiental.
Para ella, Quito necesita infraestructura vial adecuada, pasos deprimidos, anillos viales y mantenimiento preventivo. También propone ampliar el Metro mediante integración con buses, ciclovías e infraestructura intermodal.
Considera urgente atender el sistema de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y el reasentamiento de zonas de riesgo.
Afirma que cerca del 70% de las construcciones en Quito son informales, lo que exige controlar el crecimiento urbano. “Se requieren obras para mitigar riesgos volcánicos, sísmicos, deslizamientos y amenazas hídricas, además de sistemas de alerta temprana y diseños urbanos adaptados al cambio climático”, indica.
También destaca la necesidad de infraestructura educativa, de salud y espacios públicos en sectores vulnerables.
Mientras continúa el litigio por el Atahualpa, la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) afirma que todas las intervenciones urbanas son prioritarias. Algunas tienen alto impacto territorial o simbólico, como el corredor peatonal en la avenida 6 de Diciembre, alrededor del estadio, con soterramiento de cables, mejoras en accesibilidad y recuperación de áreas verdes.
Entre las intervenciones en ejecución están:
También se rehabilitan parques como La Raya, Sideral, Los Tubos, La Kennedy y 33 canchas del parque La Carolina. En Calderón y el sur se desarrollan obras integrales en parques metropolitanos. Además, avanzan trabajos en las terminales de Quitumbe y Carcelén, y en el estacionamiento Cadisan.
En seguridad vial, Quito presenta rezagos. Alfredo León, experto en movilidad, señala que desde abril de 2025 los radares de velocidad permanecen apagados por fallas técnicas. No hay una estrategia clara para su reemplazo.
“Los radares ayudan a reducir siniestros, pero se apagaron sin planificación para reponerlos. No hay control, ni señalización adecuada ni decisión política”, afirma. León responsabiliza a la Agencia Metropolitana de Tránsito y a la Agencia Nacional de la falta de acciones. Considera que el sistema está abandonado.
La avenida Simón Bolívar sigue entre las más peligrosas del país con 151 siniestros de tránsito que dejaron 15 fallecidos entre enero y mayo de 2025.
Dice que sin radares no es posible diseñar soluciones técnicas. A esto suma que “no hay transparencia. Quito circula en el caos, sin capacidad real de control”, concluye.
El 8 de junio de 2025, la Agencia Metropolitana de Control clausuró el estadio por presencia de cilindros de gas. El Concejo aprobó revertir la donación de 1966 y el Municipio inscribió el predio a su nombre. Sin embargo, el 4 de julio, un juez restituyó la administración a la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), tras acoger una acción de protección.
El fallo identificó vulneraciones al debido proceso y ordenó disculpas públicas, que el Municipio difundió el 9 de julio. El alcalde Pabel Muñoz anunció que impugnará la sentencia. Sostiene que actuó con base legal y que la recuperación del estadio permitiría impulsar una alianza público–privada para rehabilitarlo.
“El estadio requiere análisis estructural para definir si se lo remodela o si se construye uno nuevo”, indicó Muñoz. También advirtió que si la CDP firma acuerdos con privados sin aval municipal, se incurriría en causal de reversión.
La declaratoria de emergencia en seis parroquias del sur de Quito tras el colapso de una tubería por un deslave este 10 de julio de 2025 revela la fragilidad del sistema hídrico del que hablaba Rubio.
Cristopher Velasco, experto en riesgo, resalta que, aunque la ciudad responde bien a emergencias, falta prevención real, pues los planes suelen ser elaborados externamente sin integrar al personal técnico municipal.
Christian Rivera, otro experto en riesgos, señala que los planes de prevención existen, pero están dispersos y desactualizados. Ambos coinciden en la urgencia de actualizar y unificar estos planes para fortalecer la gestión del riesgo y asegurar el suministro de agua.
Pablo Romero, analista político, considera que el intento por recuperar el Atahualpa responde a la coyuntura de recolección de firmas para una posible revocatoria. “El estadio es un ícono. Su recuperación busca generar impacto político, aunque el riesgo está en no ofrecer resultados visibles”, indica.
Mientras tanto, barrios como Carcelén Bajo y Solanda reflejan esta realidad: los habitantes denuncian baches, basura e inseguridad. Rubén Cabrera, morador del sur, señala abandono, calles destruidas, violencia en aumento y una gestión marcada por improvisación y desinterés.
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