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El lunes 20 de abril empezó con un problema que rompió la rutina de los quiteños. Ricardo López, usuario del Metro, tenía previsto movilizarse hacia Quitumbe para retirar documentos urgentes. Contaba con el sistema para cumplir su agenda. A las 11:25 aún no podía usarlo. “Me descuadró totalmente”, relató. Buscó alternativas, pero el tiempo no le alcanzó. “No sé cómo trasladarme y regresar en menos de media hora”, dijo.
El cierre del Metro lo dejó sin margen de maniobra y evidenció la dependencia ciudadana de este sistema. Lo que para López fue un contratiempo personal, en realidad reflejó un problema mayor: una falla técnica que obligó a suspender el servicio y que marcó la crisis más grave del Metro de Quito desde el inicio de su operación en diciembre de 2023.
El problema empezó en la madrugada. Desde las 02:30, el sistema detectó fallas en el Puesto de Control Central. La caída afectó la comunicación interna del Metro: videovigilancia, radiocomunicaciones y monitoreo en estaciones.
Durante la mañana, el Metro informó la suspensión total del servicio. La entidad explicó que la decisión respondió a criterios de seguridad. Sin comunicación, no existe control sobre la ubicación de los trenes ni sobre la operación en la red.
El servicio permaneció detenido seis horas. A las 11:50, el Metro reanudó de forma parcial la operación entre Morán Valverde y Labrador. El resto de la línea continuó en revisión hasta que el sistema recuperó su funcionamiento completo a las 16:45.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, ordenó presentar una denuncia ante la Fiscalía para investigar lo ocurrido. “No hay que descartar ninguna hipótesis, incluso la posibilidad de sabotaje”, afirmó.
También calificó la situación como una “rara falla” y defendió la suspensión del servicio como una medida necesaria para proteger a los usuarios.
“Los trenes podrían moverse, pero sin sistema de comunicación no se puede arriesgar la operación”, explicó, al señalar que sin ese control no existe garantía sobre la ubicación de las unidades en la red.
Desde el Concejo Metropolitano surgieron lecturas distintas sobre lo ocurrido y, sobre todo, sobre el estado del sistema.
El concejal Wilson Merino (Independiente) atribuyó la crisis a problemas acumulados en la gestión. Señaló que existen irregularidades en el Metro desde hace semanas y cuestionó que la información no se comunicó con anticipación.
Afirmó que los contratos de mantenimiento en áreas clave, como comunicaciones, no se concretan y advirtió que el sistema opera con software desactualizado y licencias sin renovar.
También sostuvo que el sistema funciona en condiciones degradadas, con menos trenes en operación, y criticó que se mencione sabotaje sin presentar pruebas.
A su criterio, la suspensión del servicio refleja fallas técnicas y decisiones que impactan de forma directa a los usuarios.
El concejal Bernardo Abad (Reto) calificó lo ocurrido como el episodio más grave desde 2023 y sostuvo que nunca se registró una paralización de esta magnitud. Explicó que la pérdida de comunicación desde el centro de control impidió operar con seguridad.
Añadió que los procesos de contratación del mantenimiento se han caído en varias ocasiones y que el contrato para la superestructura, telecomunicaciones y sistemas electromecánicos aún no se firma, pese a una adjudicación reciente.
También advirtió que ya existían alertas previas sobre el sistema de comunicaciones y riesgos operativos, lo que conecta esas advertencias con la falla de este 20 de abril.
A esto sumó problemas técnicos acumulados, como anomalías en la vía y desgaste en componentes, además de una reducción de trenes operativos, factores que ya provocaban demoras en el servicio.
Por su parte, el concejal Diego Garrido (PSP planteó una lectura distinta desde el enfoque técnico. Indicó que la falla surgió tras el mantenimiento nocturno, al momento de reenergizar el sistema, cuando se registraron intermitencias en la comunicación con el Puesto de Control Central.
Señaló que el problema se ubicó cerca de Quitumbe y que la suspensión respondió a protocolos obligatorios para proteger la seguridad de los usuarios.
Aclaró que esta incidencia no tiene relación directa con los contratos adjudicados ni con el mantenimiento estructural en curso.
Consideró válido que se investigue la posibilidad de sabotaje, aunque también planteó que podría tratarse de una falla puntual asociada a la manipulación del sistema durante tareas técnicas.
Defendió que la decisión de detener la operación fue la correcta y priorizó el criterio de seguridad sobre cualquier otra consideración.
Por su parte, el Metro de Quito informó que, tras verificaciones en campo, se identificó una interferencia en los enlaces de comunicación.
La empresa señaló que este problema activó los protocolos de seguridad y obligó a detener la operación. Además, aseguró que se trata de un hecho aislado y que no guarda relación con los trabajos de mantenimiento programados.
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