Jorge Yunda ha cumplido con su ofrecimiento de agotar todas las instancias disponibles para evitar que se concrete su remoción. La audiencia prevista para este jueves 26 de agostos del 2021 para tratar una supuesta infracción electoral se suspendió, en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La defensa de Yunda apeló la decisión del juez Ángel Torres sobre negar la recusación en su contra para separarlo del tratamiento de la causa. Dicha apelación la hizo el sábado pasado y hoy, martes 24 de agosto del 2021, se conoció que ese recurso deberá tratarlo el Pleno del TCE.
En una notificación emitida por el despacho de Torres se dispone: “En relación al recurso de apelación interpuesto en el mismo escrito que se despacha, se concede ante el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral para que, conozca y resuelva lo que considere pertinente”.
Más adelante, en el mismo escrito, Torres señala que mientras el Pleno decide sobre ese recurso, se suspende la audiencia prevista para el próximo jueves. En ese espacio, el juez electoral iba a escuchar los cargos y descargos de ambas partes. La nueva fecha se fijará en el momento procesal oportuno, según Torres.
La denuncia por una supuesta infracción electoral muy grave fue presentada por Santiago Guarderas. Él planteó que se ha incumplido la sentencia del TCE del 1 de julio pasado, con la cual se ratificó que el Concejo Metropolitano cumplió con las formalidades en el proceso de remoción.
Por ahora, Yunda se mantiene en el cargo debido a la acción de protección que le fue ratificada por la Corte Provincial de Pichincha. Esa instancia legal no solo ratificó ese recurso, sino que dejó sin efecto el proceso de remoción.
Esteban Ron, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), señaló que, desde su perspectiva, sí existe un incumplimiento. Sin embargo, todo dependerá de los argumentos que presenten los abogados de Guarderas.
El experto recordó que el Código de la Democracia establece como una de las sanciones la pérdida de los derechos políticos. En ese caso, la acción de protección que mantiene a Yunda en el cargo no lo ampararía.
Además de la pérdida de los derechos políticos, la norma electoral establece una multa económica y la destitución. Según Ron, dependerá del juez la sanción que se imponga.
Sin embargo, el tema no terminará con una sentencia del juez Torres. En caso de que la decisión no le favorezca a Yunda, éste tendrá la posibilidad de apelar. Así lo explicó el experto en temas electorales, Daniel González.
En caso de que Yunda opte por la apelación, la causa subiría al Pleno del TCE para su tratamiento. Allí, la todo dependería del voto de los cinco magistrados electorales, añadió González.
Si es que el Pleno ratifica una posible infracción electoral muy grave, Yunda debería dejar el cargo.
Ante esa decisión, según Ron, no hay otra entidad que pueda anular la resolución. Esto porque según el experto, el órgano de justicia electoral es la máxima instancia para pronunciarse sobre este tipo de temas.