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La justicia ecuatoriana impuso una pena de 34 años y ocho meses de privación de la libertad contra Juan Pablo V. Ch. y Fabián Arturo C. D., tras declararlos autores directos del delito de robo con resultado de muerte cometido contra Paulina Andrea Gallo Velásquez, quien laboraba como funcionaria del Centro de Salud de Guamaní, en el sur de Quito. La resolución fue dictada por un Tribunal de Garantías Penales la madrugada del 6 de noviembre de 2026, tras concluir la audiencia de juzgamiento.
El fallo judicial determinó además que los sentenciados deberán cancelar una multa correspondiente a 1 000 salarios básicos unificados (482 000 dólares) y entregar 30 000 dólares como reparación integral destinada a los parientes de la víctima.
De igual manera, los jueces ordenaron que la Red Pública Integral de Salud facilite acompañamiento y atención psicológica a todos los integrantes del núcleo familiar de la afectada. La sanción se fundamentó en el último inciso del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que castiga con el máximo rigor los hechos violentos donde la sustracción de bienes deriva en el deceso de la persona.
Las investigaciones periciales demostraron que la noche del 12 de diciembre de 2025, los dos implicados acudieron al inmueble de Gallo, ubicado en el barrio El Conde, al sur de la capital. Con la intención de apoderarse de su automotor, ingresaron a la vivienda y, en medio del asalto, procedieron a asfixiarla.
Posteriormente, introdujeron el cadáver en un saco de yute, lo embarcaron en el mismo carro de la víctima y se trasladaron hacia la vía Alóag-Santo Domingo, arrojándolo a un costado a la altura del kilómetro 20.
El 14 de diciembre de 2025, el hermano de la ciudadana presentó formalmente la denuncia tras dos días de no establecer contacto con ella, sumado a que uno de sus hijos halló desorden en la casa y advirtió que el auto no estaba en el garaje. En coordinación con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida (Dinased), se efectuaron rastreos de llamadas, peritajes en peajes de Tambillo y Alóag y revisión de cámaras de seguridad.
Los acusados huyeron con el vehículo hasta Montecristi y Manta, en la provincia de Manabí, con el objetivo de venderlo y efectuar retiros bancarios de las cuentas de la mujer, pero fueron capturados gracias a interceptaciones telefónicas.
Tal como publicó en su momento EL COMERCIO en diciembre de 2025, el proceso se abrió inicialmente bajo la figura de desaparición involuntaria y robo en concurso real, mientras los parientes demandaban indagar un posible femicidio debido a una relación sentimental previa entre Gallo y Fabián Arturo C. D.
Sin embargo, las confesiones del propio procesado guiaron a los equipos de rescate a ubicar los restos mortales el 20 de diciembre de 2025 en la vía Alóag-Santo Domingo. Con estos elementos técnicos confirmados, el tipo penal fue reformulado formalmente a robo con resultado de muerte, causa jurídica que concluyó con la sentencia condenatoria.