La adquisición de trolebuses eléctricos en Quito desata un nuevo debate. Cinco concejales exigen a la Contraloría General del Estado una auditoría a la contratación para la compra de los nuevos trolebuses eléctricos que se hizo a través de Unops y denuncian falta de información clave.
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Los concejales llegan hasta la Contraloría
Cinco concejales del Distrito Metropolitano de Quito solicitaron una intervención inmediata de la Contraloría General del Estado. Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Andrés Campaña, Michael Aulestia y María Cristina López presentaron el pedido este martes 8 de abril del 2025. Alertan posibles irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos, que ya operan en la ciudad desde el 31 de marzo.
Los ediles advierten opacidad en la contratación, gestionada mediante la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). Según su denuncia, la Empresa de Pasajeros de Quito no ha entregado documentos solicitados por el Concejo.
Contrato gestionado por Unops genera dudas legales
“No puede haber intermediarios en contrataciones públicas, salvo en temas de salud”, declaró el concejal Andrés Campaña. Detalló que la Empresa de Pasajeros transfirió 36 millones de dólares a Unops para adquirir los trolebuses, pero no tiene acceso al contrato, que se firmó entre esa agencia internacional y la compañía china Yutong.
Campaña indicó además que Unops cobró 2 millones de dólares por sus servicios. Según los concejales, ninguna autoridad local ha visto el contrato, lo que impide una fiscalización efectiva. Por eso, los concejales de Quito exigen que la Contraloría determine si se evadió la Ley de Contratación Pública en la compra de los trolebuses eléctricos.
Concejales realizarán inspección a los trolebuses eléctricos
El concejal Michael Aulestia anunció que mañana, miércoles 9 de abril, a las 11:00, realizarán una inspección en la estación El Recreo. Informó que el grupo edil solicitó al gerente de la Empresa de Pasajeros todas las facilidades necesarias.
“Invocamos lo previsto en el Código Municipal, que nos permite hacer inspecciones. El gerente debe colaborar”, manifestó. Según explicó, buscan verificar el estado operativo de los nuevos trolebuses y su recorrido hasta el sector de Atahualpa.
¿Hubo capacitación a los conductores de los nuevos trolebuses?
Una de las mayores preocupaciones gira en torno a la preparación del personal. Aulestia lanzó una pregunta directa: “¿Los conductores fueron capacitados, como aseguró la empresa, o tampoco lo fueron?”
Indicó que representantes del comité de empresa y los propios conductores han expresado que no han recibido capacitación técnica. Además, advirtió que, según reportes de prensa, hay personal técnico de Yutong en el país, aunque no se ha informado si ya certificaron la estación El Recreo para labores de mantenimiento.
Confidencialidad contractual impide la fiscalización
María Cristina López calificó de inaceptable que el contrato sea clasificado como “privado” y “confidencial” por tratarse de una gestión vía Unops. “Así no se puede ejercer ninguna función fiscalizadora”, sostuvo.
Por su parte, Sandra Hidalgo insistió en la necesidad de transparencia. “Necesitamos acceder a toda la información de esta contratación. Es la única forma de cumplir nuestro rol como concejales”, declaró.
Modernización sí, pero con legalidad y control público
Los cinco concejales coincidieron en que respaldan la modernización del transporte público en Quito. Sin embargo, remarcaron que debe realizarse con apego a la ley y bajo supervisión institucional.
Aulestia también pidió verificar si la transferencia de los 36 millones de dólares se ejecutó conforme a la normativa ecuatoriana. En caso contrario, advirtió que podría tratarse de un presunto delito de peculado.
La Contraloría aún no se ha pronunciado. Mientras tanto, la ciudadanía y los trabajadores del sistema municipal esperan respuestas claras sobre la legalidad y transparencia de la contratación de los trolebuses eléctricos.
