Lo que empezó como un proceso de remoción resuelto en lo político pasó al ámbito judicial. Hoy, viernes 9 de julio del 2021, los concejales del bloque de oposición al alcalde Jorge Yunda presentaron en la Fiscalía un acta urgente.
El concejal Fernando Morales explicó que es una solicitud para que se investigue el proceso mediante el cual se han sorteado las causas que ha solicitado el Burgomaestre (acción de protección y medidas cautelares), en el marco de su proceso de remoción.
“Se solicitó la versión de una funcionaria, los videos del 7 de julio de la Unidad Judicial, quiénes entregaron el expediente físico y la pericia al sistema informático de la Función Judicial”, dijo el edil.
A esta diligencia acudieron varios de los concejales, entre ellos, el vicealcalde Santiago Guarderas. El documento se presentó en la Fiscalía de Pichincha, en el norte de la ciudad y está firmado por 13 ediles.
La tarde de ayer, jueves 8 de julio del 2021, Guarderas anunció que la actitud pasiva que habían mantenido los concejales de oposición terminó. Por eso presentarían acciones legales en varios ámbitos.
Una de ellas fue pedir la nulidad del proceso con el cual se otorgaron las medidas a favor de Yunda por parte del juez Carlos Soto. Dicha solicitud fue ingresada la tarde de ayer.
Sin embargo, hay malestar entre los concejales ya que la solicitud recayó en el mismo juez Soto. Esto pese a que ayer, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, anunció la suspensión de dicho funcionario de justicia.
La principal de la Judicatura manifestó que la irregularidad detectada fue que no se registró ningún sorteo en los sistemas de la Judicatura para la asignación de dicho juez. “Ha habido una asignación directa sin sorteo a una causa vinculada del 2020”.
El mismo juez resolvió hoy correr un plazo de 48 horas para pronunciarse sobre el pedido. Según la edil Mónica Sandoval, Soto ha pedido que en ese tiempo también se pronuncie la contraparte; es decir la defensa de Yunda.
Mientras esto ocurre en lo judicial, desde hoy está en firme la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en la que se ratificó la remoción del Alcalde de Quito.
Esa entidad respondió ayer el pedido de aclaración y ampliación solicitado por la defensa de Yunda. Así, el trámite concluyó en lo que tiene que ver con el órgano de justicia electoral. Resta que el Concejo Metropolitano ejecute la remoción.
El concejal Eduardo del Pozo (Creo) comentó que hay dos visiones. Una que tiene que ver con que la sentencia del TCE es de última instancia por lo que Yunda ya no sería Alcalde. Otra tiene que ver con que las medidas cautelares bloquean la subrogación de funciones de Santiago Guarderas.
Para el constitucionalista Emilio Suárez, si bien las medidas cautelares no eran procedentes, es una decisión tomada por un juez y hay que respetarla. Por ello, la Alcaldía de Quito aún estaría en manos de Yunda.
Suárez explicó que el camino es obtener la revocatoria de las medidas cautelares para formalizar la subrogación de funciones. Sobre esto, Del Pozo señaló que en el transcurso de hoy se ingresará ese pedido.
Sin embargo, los concejales esperan que sea efectiva la suspensión del Juez Soto para que la causa no caiga nuevamente en su despacho.