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Judicatura detecta presuntas irregularidades en la asignación de los dos jueces que resolvieron causas a favor del alcalde Jorge Yunda

Maldonado dijo que dentro de dos procesos previos se han encontrado “algunas acciones” que “merecen especial investigación”. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

La asignación de los jueces que otorgaron medidas cautelares para impedir la remoción del alcalde Jorge Yunda y la acción de protección parcial en contra de la Comisión de Mesa que tramitó el informe de la remoción, es investigada por el Consejo Nacional de la Judicatura.  

Así lo confirmó María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, la mañana de este jueves 8 de julio del 2021. 

Maldonado indicó que dentro de los dos procesos previos se han encontrado “algunas acciones” que “merecen una especial y exhaustiva investigación”. 

Sobre la asignación de la jueza María Belén Domínguez a la acción de protección presentada por el Burgomaestre se determinó una irregularidad porque el proceso fue ingresado como una causa de violencia, en lugar de garantías jurisdiccionales. Con eso se redujo la posibilidad de la asignación de 215 jueces a cuatro jueces. Ese proceso de investigación “continúa abierto y en curso”.  

El 28 de junio pasado, Domínguez fue quien aceptó de forma parcial la acción de protección en contra de los cuatro integrantes de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano que tramitaron el informe para la remoción de Yunda.  

Y sobre la asignación del Juez que determinó medidas cautelares la tarde de ayer afirmó que  no se registró ningún sorteo en los sistemas de la Judicatura para la asignación de dicho juez. “Ha habido una asignación directa sin sorteo a una causa vinculada del 2020”, dijo Maldonado. 

El vocal de la Judicatura Juan José Murillo explicó que en este caso tampoco se presentó la causa como un tema constitucional sino civil. “Son 215 juzgadores a nivel del cantón Quito que debieron haber sido sorteados para que les llegue esas causas”. En el caso de ayer, esa posibilidad se redujo a 37 juzgadores. 

Por estas razones, el Pleno de La Judicatura decidió presentar una denuncia a la Fiscalía General del Estado por un presunto delito de interceptación ilegal de datos y/u otras acciones o presuntos delitos. 

La Judicatura también emprenderá un proceso disciplinario, de índole administrativa, en contra de al menos seis funcionarios. También se emitirá una medida cautelar de suspensión por 90 días, sin remuneración, a todos los que intervinieron en este proceso. En ese grupo constan personas que estuvieron en las ventanillas (que recibieron la causa), técnicos, secretarios y jueces.  

Maldonado insistió en que los sorteos sirven para asignar el conocimiento de una causa a un determinado juzgador, y se hacen de conformidad con la Ley y dependiendo de la materia. “Tenemos dos casos de dos sorteos en los que presuntamente se identificaría irregularidades”. 

El sorteo, agregó, tiene que ser transparente “porque de lo contrario estaríamos beneficiando de una u otra manera a alguien que quiere que le toque a ese juzgador”. 

“Este Consejo de Judicatura no tolerará ningún acto de corrupción, que siquiera ponga en tela de duda la transparencia de los procesos previos a la emisión de la sentencia”, agregó la presidenta.  

Sobre las acciones que ya fueron emitidas por los dos jueces a favor de Yunda dijo que existen otros “remedios procesales” para dejar sin efecto ambas sentencias que están emitidas en primer nivel. Esas decisiones, dijo Maldonado, son competencia de los organismos jurisdiccionales.    

Las acciones tomadas por la Judicatura, recordó, son de orden administrativo.  

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