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Una intervención técnica de control municipal ejecutada al sur de la urbe derivó en el cierre definitivo de un centro de rehabilitación clandestino ubicado en el barrio San Bartolo, donde alrededor de 10 personas permanecían internadas bajo un régimen de hacinamiento e insalubridad que ponía en riesgo su integridad física y mental. Las inspecciones en el predio confirmaron que el recinto operaba al margen de la normativa legal, carecía de permisos obligatorios y no garantizaba condiciones mínimas para el tratamiento de adicciones.
La inspección dentro del inmueble reveló graves deficiencias de infraestructura en el centro de rehabilitación clandestino.
Los funcionarios verificaron baterías sanitarias en estado deplorable, camas destruidas y colchones deteriorados en las habitaciones destinadas al reposo de los pacientes. Asimismo, el equipo de supervisión localizó fármacos vencidos y raciones de alimentos descompuestos, además de un machete camuflado debajo de uno de los colchones en el área de descanso, cuya procedencia y tenencia no pudo ser aclarada por los encargados del establecimiento.
La actividad del establecimiento se ejecutaba dentro de una casa particular de tres plantas que era arrendada para fines no autorizados.
Los ciudadanos internos ocupaban la planta superior del edificio, mientras los administradores habitaban el segundo piso. Durante la requisa se incautaron más de 50 cartones con raciones del desayuno escolar para planteles fiscales, que contenían leche, papillas y cereales; los arrendatarios alegaron que estos productos correspondían a supuestas donaciones particulares.
La presencia del establecimiento irregular generó reiterados reclamos por parte de los residentes de la zona de San Bartolo.
Los vecinos reportaron continuas riñas, peleas callejeras y disturbios en las afueras de la vivienda. Durante las verificaciones legales, personal de la Policía Nacional constató que uno de los administradores del recinto registra una sentencia judicial previa en los registros del sistema judicial ecuatoriano.
Quienes dirigen estos recintos sin habilitación oficial se exponen a sanciones económicas que rondan los 4 000 dólares, además de los procesos sancionatorios correspondientes.
Las intervenciones municipales contabilizan 45 cierres de recintos clandestinos entre 2025 y 2026 en el Distrito Metropolitano de Quito: 25 locales clausurados el año anterior y 20 durante el presente ejercicio. En operativos previos de esta índole se han incautado armas, sustancias sujetas a fiscalización, además de verificarse casos de maltrato físico, retención contra la voluntad, ingreso irregular de menores de edad y localización de personas con alertas de desaparición.
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