
Un operativo conjunto ejecutado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) y la Policía Nacional clausuró un centro de rehabilitación clandestino en Píntag.
Durante la inspección en esta parroquia del suroriente de Quito, los funcionarios localizaron a cerca de 10 ciudadanos que permanecían internados dentro del inmueble sin las autorizaciones legales.
En el interior de este centro de rehabilitación clandestino, las habitaciones eran aseguradas con llave durante las noches para evitar cualquier intento de escape de los usuarios. De igual manera, las áreas destinadas a la cocina, los baños y las salas de reunión contaban con estructuras de rejas cerradas de forma permanente para limitar el desplazamiento de las personas albergadas.
Las indagaciones efectuadas durante la intervención determinaron que las familias desembolsaban mensualidades de hasta 300 dólares por cada interno. Los propios ciudadanos afirmaron que fueron ingresados contra su voluntad mediante traslados forzados.
Aunque el administrador del predio alegó que se trataba de un hogar de acogida, los documentos hallados en el sitio evidenciaron cobros por terapias contra el alcoholismo y la drogodependencia sin contar con permisos municipales.
Frente a la falta de permisos y licencias, el supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, señaló que los establecimientos que operan al margen de la normativa pueden recibir sanciones económicas de aproximadamente 4 000 dólares.
La medida cautelar de clausura se aplicó de manera inmediata para suspender las actividades no autorizadas en el predio rural.
Las cifras oficiales de la Agencia Metropolitana de Control dan cuenta de 24 clausuras a negocios irregulares de este tipo durante 2025, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 14 establecimientos cerrados.
Chiriboga indicó además que en incursiones previas a recintos clandestinos se han detectado situaciones de hacinamiento, sospechas de maltratos, armamento, sustancias sujetas a fiscalización y personas con denuncias de desaparición.