La noche del viernes, uniformados realizaron un control en Quito, para que se cumpla con las medidas impuestas. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO.
A 13 días de que el toque de queda deje de regir en el país, cifras oficiales muestran que en los cinco meses de vigencia 130 670 personas han sido sancionadas por violar la medida.
La mayoría tuvo que pagar multas económicas que van entre USD 100 y 400, pero 1 979 enfrentan un proceso penal. A esa instancia llegaron quienes irrespetaron el toque de queda por tercera ocasión.
Unos ya pagan condenas, otros están recluidos en las cárceles, tienen prohibido salir de país o están obligados a presentarse periódicamente en una oficina judicial. Pero también hay casos que aún están bajo reserva o los expedientes han sido archivados.
Guayas, Manabí, Azuay, Esmeraldas, Pichincha y El Oro concentran el 56% de infractores procesados penalmente.
Cinco de esas causas se formalizaron entre la noche del sábado y la madrugada de ayer.
Todo ocurrió cuando un grupo fue detenido luego de agredir con palos y piedras a funcionarios que llegaron a clausurar una fiesta clandestina que se desarrollaba en El Panecillo, una zona céntrica de Quito.
En el lugar había 80 personas, que pese a las restricciones bebían, irrespetaban la distancia social y muchos no usaban la mascarilla.
Entre los expedientes reportados desde marzo también aparece un joven de 26 años que la madrugada del pasado martes fue detenido en Chimbacalle, un barrio del sur quiteño. Ese mismo día fue imputado penalmente por incumplimiento de decisiones legítimas, un delito que es penado con cárcel de hasta tres años (art. 282 del Código Penal).
Pero en este caso, un juez prohibió su salida del país y dispuso que se presente una vez por semana en la Unidad de Flagrancia, en Quitumbe.
En la Fiscalía además reposa la decisión del agente Washington Rojas, que imputó a dos personas que se movilizaban en su vehículo por el sector Bellavista. Lo hacían en la madrugada, pese a que no está permitido aquello. Un juez les dictó detención preventiva.
Rojas dice que esa medida es necesaria para garantizar que el investigado comparezca al juicio. “Durante la pandemia pedí prisión para ocho personas. Ellos no detallaron el lugar dónde viven o su lugar de trabajo. Si no proporcionan ese tipo de información hay mayor probabilidad de que se fuguen”.
Quienes reciben orden de arresto son trasladados a los centros de detención provisional que existen en cada ciudad.
El protocolo de bioseguridad del Servicio de Rehabilitación establece que los detenidos que lleguen deben permanecer 15 días en un pabellón aislado para comprobar que no estén contagiados con covid.
En Guayaquil, dos personas fueron condenadas el pasado 24 de abril. Un juez les impuso un año de cárcel. Según el parte policial, fueron detenidos poco antes de la medianoche, mientras consumían licor en las afueras de un domicilio.
Este Diario cruzó información con la Policía y conoció el caso de un ciudadano que el 22 de agosto fue arrestado mientras caminaba por unas canchas deportivas, en el sector Samanes. Eran las 22:00.
Para conocer si es la tercera vez que una persona infringe el toque de queda, los agentes tienen una base de datos a la que se puede acceder a través de una aplicación instalada en los celulares. Así aprehendieron a dos hombres que a las 22:40 del 12 de abril circulaban por el Puente Roto, en Cuenca.
Después de 10 días de que estallara la pandemia, la Defensoría del Pueblo emitió un documento y pidió que durante los operativos, policías y militares respeten los DD.HH. y que no se atente contra la integridad física o psicológica.
Un jefe policial asegura que en esas intervenciones han detenido a personas con y sin antecedentes, pero también a gente requerida por la justicia o que transportaba drogas.
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