Redacción Negocios
El presidente Rafael Correa, en su última cadena radial, aseguró que se controlará de manera más exhaustiva que los presupuestos de las entidades estatales se cumplan.
Esto quiere decir que se vigilará que el 100% de los recursos asignados a las carteras de Estado sean utilizados, con la amenaza, además, de que si no lo hacen recibirán sanciones.
La decisión del Mandatario, sin embargo, ya fue utilizada por primera vez al momento de dar sus observaciones a la Pro forma presupuestaria de 2010.
Específicamente, negó una asignación de USD 80 millones a la Función Judicial, argumentando que el presupuesto asignado durante los últimos dos años no se ha gastado completamente.
Esa nueva concepción de gastos en las instituciones públicas no es bien vista por el ex ministro de Economía, Mauricio Pozo, quien asegura que el Gobierno “ha estado insistiendo en el tema del gasto, sin definir lo que está bien o mal gastado, sin una decisión correctiva. Lo que tiene que enfocarse es más bien en dar soluciones al tema del gasto corriente, de los subsidios, en eso no ha hecho nada. No hay prudencia en el manejo de política económica y, difícilmente veremos un manejo austero de las finanzas públicas”.
En cambio, Ramiro Crespo, entiende la intención del Gobierno de que con esa decisión se asegure que las obras se ejecuten, pero, afirma que muchas veces eso es imposible de controlar.
“Hay que tener cuidado en imponer una presión sobre las entidades públicas, porque por el hecho de tener que cumplir con un presupuesto asignado se pueden ver forzadas a gastar en algo que es innecesario”.
Por último, Crespo considera que no solo se debiera controlar el gasto sino procurar que gasten menos. “Es muy importante que se controle los gastos de las entidades públicas y eso debe ser difundido públicamente y transparente ante la ciudadanía”.