La exministra de Salud, Ximena Garzón, rechazó que el juicio político impulsado en su contra no pueda continuar en la Asamblea debido a la preclusión de plazos. Mientras, Ricardo Vanegas, de Pachakutik, uno de sus interpelantes, anunció que llevará esta causa al campo judicial.
El proceso contra Garzón no podrá continuar debido a que recibió la notificación un día después del plazo permitido por la Ley Legislativa. El caso debía pasar a resolución del Pleno, una vez que la Comisión de Fiscalización no logró aprobar el informe. Sin embargo, la exfuncionaria quiere que continúe.
“Yo no estoy de acuerdo con que se haya caído el juicio político (…). Yo deseo presentar todos los documentos en la Asamblea para que los puedan analizar y que vean, además, que los intereses de los asambleístas son bastante oscuros”, dijo a EL COMERCIO.
Garzón ve en este juicio político una oportunidad para poder demostrar que las acusaciones de incumplimiento de funciones, por parte de Vanegas y la socialcristiana Nathalie Viteri, no tienen sustento.
Causales: compra de medicamentos
Las causales tienen que ver, principalmente, con la compra de medicamentos que, según los interpelantes, no cumplían los estándares de calidad de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
“Quieren impulsar un juicio político por supuesto incumplimiento de funciones y sin embargo durante toda la recolección de testimonios, tanto en documentos y versiones, lo que más se pronunciaban era nombres de fármacos de marcas específicas, entonces para mí hay intereses de otra índole por allí ocultas”, cuestionó Garzón.
La exministra aseguró que “las medicinas que se venden en el Ecuador, que se importan o que se producen en el Ecuador tienen certificados de buenas prácticas de manufactura y de registro sanitario expedidos por el Arcsa”.
Además, defendió la aplicación de un régimen especial para la compra de medicinas, pues insistió en que es una figura prevista en la Ley de Contratación Pública. “Si la ley no es del agrado, pues los asambleístas tienen en el poder de cambiar esa ley”, puntualizó.
Postura de Ricardo Venegas
El asambleísta Vanegas, por su lado, responsabilizó al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), de haber permitido que los plazos para el trámite del juicio político fenecieran.
A su vez, se ratificó en sus acusaciones y dijo que continuará con su denuncia en la Fiscalía General del Estado para que Garzón responda por supuesto peculado y por el delito de atentar contra la salud pública de los ecuatorianos.
Sostuvo que, a pedido de la exministra de Salud y del Sercop, se hicieron cambios en los reglamentos para permitir que empresas privadas, con impedimentos para vender al sector público, usen intermediarios para entregar medicamentos a los hospitales.
“El problema es que los ecuatorianos han estado consumiendo pastillas que no son aptas para el consumo. Eso atenta directamente a la vida y salud de los ecuatorianos que van a los hospitales públicos. Y eso lo han hecho porque ellos crearon la ley e hicieron la trampa”, insistió.
Garzón emplazó al legislador a que pruebe sus acusaciones porque, de lo contrario, son injurias. “Existe un proceso penal para también las denuncias calumniosas, si este señor no prueba lo que está diciendo y de lo que me está acusando el que va a terminar preso es él por injuriarme”, remarcó.
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