El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (ind.), defendió este lunes 14 de noviembre de 2022 su decisión de no acoger el informe de la Comisión de Fiscalización sobre los pedidos de interpelación al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
Saquicela convocó al Pleno para adoptar una resolución en la sesión 810 del Pleno, prevista para las 10:00 de este martes 15 de noviembre del 2022 en el Palacio Legislativo.
Aunque la Comisión de Fiscalización aprobó un informe donde recomienda la censura y destitución de los siete consejeros -tras reconsiderar una votación inicial que no tuvo consensos-, Saquicela adujo que esto se dio fuera del plazo.
“Si usted resuelve algo fuera del plazo que establece la norma, simple y llanamente no existe”, dijo en una rueda de prensa. Apuntó que el inciso final del artículo 142 de la Ley Legislativa le faculta para poner a consideración del Pleno este caso y resolver si hayo no juicio político y contra quiénes, o si se archiva.
Controversia
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (ind.), y la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo), rechazaron la decisión de Saquicela y aseguraron que sí actuaron dentro de lo previsto.
Villavicencio adujo que la reconsideración y aprobación del informe se dio dentro del plazo de dos días que tenía la Comisión para entregar un informe de posturas, después de que la moción inicial no tuvo consensos.
“Esa sesión fue legitimada por los propios legisladores de Unes y del PSC. Lo que hay aquí es una lectura a la carta, interesada, del pacto correísta–socialcristiano para defender a la señora (consejera Sofía) Almeida, sobrina del legislador (Luis) Almeida, así de fácil”, dijo Villavicencio.
Cordero apuntó que “el Secretario General de la Asamblea no tiene competencia alguna para interpretar los textos legales”.
“Está ya en consideración de todos los legisladores toda la sustanciación del juicio político, de la fiscalización, y serán los legisladores, fundamentalmente los miembros de la Comisión, los que puedan exponer sobre el tema y al final podrán esbozarse las mociones que correspondan”, insistió Saquicela.
De este modo, con 70 votos al Pleno le corresponde resolver a quiénes llama o no a juicio político.
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