Unidad Popular busca sanción contra Diana Atamaint en el TCE
Unidad Popular presentó queja en el Tribunal Contencioso Electoral contra Diana Atamaint por irregularidades en su gestión
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) instaló este lunes 27 de julio de 2026 la audiencia por una queja presentada por Unidad Popular contra la expresidenta del CNE, Diana Atamaint, por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
La comparecencia ante el juez electoral
La diligencia judicial, marcada por la ausencia física de la exfuncionaria, tuvo lugar la mañana de este lunes en el Tribunal Contencioso Electoral. Diana Atamaint, quien renunció a su cargo de vocal del CNE el pasado 20 de julio, compareció de forma virtual ante el juez Juan Patricio Maldonado Benítez, responsable de sustanciar la causa.
En representación de la exautoridad asistió su abogado, Diego Analuisa. El dirigente de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, lideró la parte acusatoria.
Acusaciones sobre la sesión del 3 de mayo
El núcleo de la queja de Unidad Popular gira en torno a los eventos del 3 de mayo de 2026. Según Geovanni Atarihuana, Atamaint habría incurrido en un incumplimiento de funciones al clausurar intempestivamente una sesión del Pleno del CNE, a pesar de contar con el quórum reglamentario para sesionar.
Para el dirigente político, esta decisión fue un acto deliberado que impidió resolver un recurso de corrección presentado por su organización, dejándolos en estado de indefensión frente a un proceso de eliminación del Registro de Organizaciones Políticas.
Argumentos de la defensa y respuesta técnica
Durante los poco más de 30 minutos que duró la audiencia, el abogado defensor de Atamaint solicitó que la causa sea desestimada y archivada. La defensa argumentó que, tras la reproducción de las pruebas presentadas por Unidad Popular, no fue posible acreditar la supuesta clausura ilegal de la sesión.
Además, Analuisa amplió su respuesta a los cargos, negando que existiera una negativa deliberada de entregar el Registro de Organizaciones Políticas y calificando las denuncias como carentes de sustento verificado ante la autoridad judicial.
Cuestionamientos a la gestión y transparencia
Más allá del hecho puntual de la sesión suspendida, Geovanni Atarihuana aprovechó el espacio para cuestionar la administración general de Atamaint al frente del organismo electoral.
El dirigente de Unidad Popular denunció que, bajo su mando, el CNE habría actuado como un “operador político” del Gobierno de Daniel Noboa. Según el denunciante, esta gestión vulneró la imparcialidad institucional, citando como ejemplos procesos contra otras organizaciones políticas y autoridades seccionales.
La parte acusadora espera que el fallo del juez Maldonado marque un precedente que castigue la gestión cuestionada.
La pretensión de una sanción económica
El Código de la Democracia establece que, ante el incumplimiento de obligaciones legales, los funcionarios electorales pueden enfrentar sanciones económicas.
Unidad Popular ha solicitado explícitamente que el TCE aplique la multa más alta permitida por la normativa vigente. Aunque el Código impide actualmente destituir o suspender los derechos de participación de exconsejeros del CNE, Atarihuana insiste en que la multa económica es necesaria para que las actuaciones de la exfuncionaria no queden en la impunidad.
El juez Maldonado emitirá su dictamen en los próximos días; esta decisión será susceptible de apelación ante el Pleno del TCE.
