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Patricio Pazmiño es amigo del presidente Rafael Correa. Esa camaradería se ha evidenciado en varios momentos de la llamada revolución ciudadana.

El más reciente fue el 16 de enero, cuando el propio Correa llegó a la Corte Constitucional y le entregó su propuesta de consulta popular. En la reunión, el Primer Mandatario le recordó su amistad y le dijo que le encomendaba lo que para él significaría un cambio al sistema judicial nacional.

Pazmiño aceptó el encargo, pero de antemano sabía que no iba a ser fácil. Distintos sectores, incluso los ex aliados del Gobierno, levantaron su voz para cuestionar la propuesta del Ejecutivo de reformar la Constitución y para sembrar duda sobre la independencia de la Corte Constitucional.

Pazmiño siempre salió al paso de estas acusaciones señalando que resolverían conforme a derecho. Sin embargo, mientras la magistrada Nina Pacari analizaba el texto enviado por el Régimen, un nuevo escándalo salpicó a la Corte Constitucional y a su titular, Patricio Pazmiño.

El asambleísta Galo Lara denunció una red de sobornos, en la que están involucrados Alfredo Larrea y su hermano Arturo, actual secretario de la Corte. Este hecho apareció, precisamente días después de que el organismo constitucional frenara las acciones de protección a favor de los ex empleados de la compañía Cervercería Nacional.

Las críticas y cuestionamientos llegaron de todos los sectores y tuvieron como principal objetivo a Patricio Pazmiño. Para la oposición este era el momento ideal para descabezar a la Corte.

Pazmiño rechazó las acusaciones de Lara y dijo que lo demandará penalmente para demostrar que él no tiene relación alguna con Alfredo Larrea.

El escándalo del caso de Cervecería Nacional dejó a la Corte sola. Incluso los asambleístas de Alianza País se quedaron sin argumentos para defenderla. Esto se evidenció durante una sesión del Pleno de la Asamblea, en la que Lara planteó que se pidiera la renuncia de los nueve jueces.

El bloque de País solamente se abstuvo de votar.

Estos hechos causaron un sin sabor en Pazmiño, que de pronto vio cómo las flechas caían sobre la Corte, que la dirige desde el 2007.

Pero el presidente Correa inició una campaña mediática para respaldar al magistrado. En una cadena radial, el Ejecutivo acusó a Lara de supuestamente haber cometido delitos en el pasado.

Con este escudo, Pazmiño sabía que aunque la tormenta que golpeaba a la Corte era fuerte, él debía defender la propuesta de consulta popular del Gobierno ante todo. Porque si él caía, la intención del Ejecutivo de reestructurar el sistema judicial bajo sus parámetros también caería.

Así, él junto con los magistrados cercanos al movimiento oficialista Alianza País, desarrollaron un proyecto alternativo de plebiscito al que entregó Nina Pacari, en el que se desechaban todas las preguntas del referéndum, por considerarlas inconstitucionales.

El nuevo documento daba paso a todo el cuestionario, aunque modificando la forma de las interrogantes, para viabilizarlas y darles vida constitucionalmente.

Esta propuesta logró el respaldo de seis de los nuevos magistrados del organismo.

A pesar de las expresiones de rechazo a la consulta de varios sectores, el Gobierno consideró que la resolución del máximo organismo constitucional fue tomada conforme a las normas y era “una victoria para el pueblo”.

Así, mientras la atención del país se centra en el referéndum, en sus causas y consecuencias, el caso de Cervecería Nacional permanece abierto, sin tener, por el momento, una respuesta.

¿Quién es?

Patricio Pazmiño es doctor en Jurisprudencia y máster en Ciencias Sociales. Desde el año 2007 preside la Corte Constitucional, antes Tribunal Constitucional. Se vinculó a Alianza País en el 2006.

¿Qué hizo?

Dio paso a la propuesta de consulta popular en medio de la polémica generada por la denuncia de Galo Lara, sobre una supuesta red de sobornos de Cervecería Nacional y que afectaba al Secretario de la Corte.

¿Qué dijo?

“Hemos realizado observaciones no de forma, sino sustanciales. Las enmiendas a la Constitución tienen luz verde. Nosotros no podemos obligar al Presidente que haga la consulta o no, solo son sugerencias”.

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