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El rol nominador del Cpccs tambalea por consulta popular del Gobierno

Los ciudadanos serán consultados sobre la actual facultad que tiene el Cpccs y los cambios que propone el Gobierno para la selección de autoridades. Foto: Archivo / EL COMERCIO.

La pregunta que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) le podría quitar la facultad de designar autoridades estará en la consulta. La Corte Constitucional (CC) la revisó en sus dos momentos de control y dijo que ese cambio se puede hacer mediante una enmienda a la Constitución.

Uno de los argumentos del Ejecutivo para impulsar esta pregunta es que el Cpccs no ha sido eficiente en ese rol. Además, pese a las comisiones ciudadanas y al proceso que involucra veedurías, la decisión depende de que en el Pleno de ese organismo haya cuatro de los siete votos posibles.

La propuesta en la consulta popular será que esa facultad regrese a la Asamblea. En la víspera, la CC consideró que el Ejecutivo adquiriría mayor protagonismo, se asignaban otras facultades al resto de entidades nominadoras y, en consecuencia, se originaba un desbalance de poderes. Ahora eso cambió tras la nueva decisión de este organismo, que ha dado lugar a que el Gobierno afine detalles.

La enmienda aprobada incluye la disposición de que, en caso de que gane el sí, los procesos de designación que estén en curso deberán declararse desiertos. Esto ocurriría desde que se publique en el Registro Oficial.

Actualmente están en curso los procesos para la designación del Contralor, Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensor Público, Defensoría del Pueblo y la renovación del Tribunal Contencioso Electoral. El analista electoral Esteban Ron señala que el Código de la Democracia establece escrutinios de máximo 10 días.

Si la consulta empata con las seccionales del 5 de febrero de 2023, eso significaría que hasta el 15 de ese mes se tendrían los resultados listos. Ron apunta que el Cpccs perdería su facultad de designación automáticamente después de la publicación de la votación.

Además, las autoridades no designadas entran a un período de prórroga hasta que después de un año se produzcan las reformas legales y la enmienda constitucional; solamente desde entonces se harían los concursos. “Se corre el riesgo de que muchos de los cargos pierdan su vigencia establecida en la Constitución”, dice Ron.

Los cambios

El Cpccs actualmente dirige los concursos públicos de mérito y oposición, proceso público de escrutinio con veeduría para el Consejo de la Judicatura y las ternas remitidas por el Presidente.

El Ejecutivo plantea modificarlos. El primero por un procedimiento vía postulación ciudadana. El segundo se basa en las ternas que envía el Ejecutivo; mientras que el tercero, para los vocales del Consejo de la Judicatura, es con un procedimiento público.

Respecto del primero, se eliminan los concursos de mérito y oposición. Para el Ejecutivo, el que se conformen equipos técnicos para la selección de Comisiones Ciudadanas ha sido un disfraz. Esto porque, al final del día, la designación depende de los votos en el Pleno (cuatro de siete).

Otro cuestionamiento es que quienes conforman los equipos técnicos no tienen los mismos requisitos que deben cumplir quienes serán designados.

En el primer proyecto de enmienda se señala que es suficiente estar en la nómina del Cpccs.

Con la modificación se conformarán comisiones técnicas que estarán integradas por un delegado de cada función del Estado, dos representantes de la ciudadanía y dos de las universidades. Las siete etapas que actualmente se siguen, se disminuirían a seis.


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