El martes 10 de junio de 2025, la Asamblea Nacional archivó el proyecto de Ley Orgánica para la Protección y Defensa de los Derechos de los Animales (LODA). Con 143 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones, el Pleno acogió la moción de la asambleísta Camila León (ADN), quien argumentó que varios artículos eran inconstitucionales y contradecían el mandato de la Corte Constitucional sobre el reconocimiento de los animales como sujetos de derecho.
Durante la sesión 1 027, iniciada a las 16:20, León también propuso que, en un plazo de 30 días, la Asamblea remita un informe a la Corte con los motivos del archivo. El presidente del Legislativo, Niels Olsen, clausuró la reunión tras tratar ese único punto.
Más noticias
Colectivos animalistas rechazaron el proyecto de Ley Animalista
La propuesta, respaldada inicialmente por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, generó reparos desde su ingreso en 2024.
Veterinarios, abogados, ambientalistas y académicos señalaron que el texto no cumplía con la sentencia de la Corte del 27 de enero de 2022, emitida en el caso de la mona Estrellita. Los colectivos LOA y el Club de Bienestar Animal de la Escuela Politécnica Nacional alertaron que el proyecto omitía principios clave.
Animales sin derechos: el principio de sintiencia quedó fuera del proyecto
Según María Fernanda Orquera, del Club de Bienestar Animal de la EPN, la Corte exigía que la ley reconozca la sintiencia de los animales y su condición de sujetos de derecho. Sin embargo, el texto no lo contempló. “No se mencionan ni siquiera las cinco libertades básicas: sin hambre, sin dolor, con atención veterinaria, en su hábitat y con libertad para comportarse como animales”, afirmó.
Además, la clasificación por uso (compañía, silvestres, producción, marinos) sin establecer derechos comunes generaba vacíos. Para Orquera, esa división fragmentaba la protección y debilitaba las garantías legales ante casos de maltrato.
Maltrato sin sanciones adecuadas: críticas por penas reducidas y delitos privados
Uno de los puntos más polémicos fue el tratamiento de la zoofilia y el maltrato como delitos privados. Esto obliga a las víctimas o sus representantes a asumir los costos legales. “Solo un caso ha llegado a sentencia, el de Spike, gracias al financiamiento de activistas”, indicó Orquera.
También se cuestionó la reducción de sanciones. Mientras el Código del Ambiente fija multas de hasta 10 salarios básicos, el proyecto planteaba solo tres. Para Orquera, esto desincentiva las denuncias y perpetúa la impunidad.
Cultura vs. bienestar animal: el proyecto permitía corridas y encadenamiento
Colectivos como LOA consideraron que el texto legalizaba prácticas violentas como las corridas de toros, peleas de gallos y el encadenamiento prolongado. “No es una ley de protección animal. Legaliza prácticas de maltrato al presentarlas como cultura o producción”, señaló Orquera.
Al mismo tiempo, advirtió que el respaldo al proyecto vino de sectores productivos y taurinos, mientras las organizaciones animalistas lo rechazaron. “Es una ley para quienes usan animales, no para quienes los protegen”, remarcó.
LOA: archivo de la LODA responde a principios constitucionales
Cristina Alarcón, vocera de LOA, indicó que su colectivo participó desde el inicio del proceso, cuando la Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo elaborar la ley. Según Alarcón, el texto final no respetó la sentencia. “La LODA terminó haciendo lo contrario de lo que debía: no protegía desde el valor intrínseco de los animales”, afirmó.
También criticó la omisión de principios como la sintiencia, la representación legal y la calidad de sujetos de derecho. “El artículo que reconocía esa calidad fue eliminado y la sintiencia solo constaba en el glosario”, dijo.
Retrocesos legales: experimentación, encadenamiento y técnica deficiente
Alarcón denunció que la propuesta permitía la experimentación cosmética y docente, reducía las multas de 10 a 3 salarios y usaba términos vagos como “prolongado” para justificar el encadenamiento. También criticó que se sancionaba la zoofilia solo en animales de compañía y trabajo, sin una prohibición expresa, lo que dejaba vacíos legales.
Además, el abandono de caballos y otras especies quedaba fuera de la ley. “Esto aumentaba la vulnerabilidad de los animales”, dijo. También cuestionó la inclusión de actividades violentas como manifestaciones culturales, cuando ya existen fallos constitucionales y rechazo social.
Sector agropecuario: el archivo de la ley genera incertidumbre
Rodrigo Gómez De La Torre, analista agropecuario, expresó su preocupación por la decisión. Indicó que el proyecto, que inició como una propuesta de la Defensoría con grupos animalistas, fue modificado durante las comparecencias de 2022 y 2023 con aportes de ministerios, academia y sectores productivos.
Afirmó que el texto final cumplía con la sentencia de la Corte y que el archivo genera incertidumbre. “Ahora no sabemos si vendrá una versión radical como la original o equilibrada como la última”, dijo. También cuestionó el procedimiento: “No se detallaron los cambios ni se leyó el informe completo en la sesión”.
Próximos pasos: nueva ley de protección animal en debate
Gómez De La Torre anunció que los gremios rurales participarán en el nuevo proceso. “Mantendremos presencia para lograr una ley técnica, ética y sostenible”, aseguró.
Por su parte, Camila León señaló que la Comisión de Biodiversidad enviará el informe de archivo a la Corte Constitucional en los próximos 30 días, tal como lo exige la sentencia. Organizaciones como LOA expresaron su disposición a construir una nueva normativa desde un enfoque de bienestar y derechos. “Queremos una ley que sea un ejemplo regional”, concluyó Alarcón.
