La relevancia y veracidad de los discursos de los asambleístas están bajo escrutinio. De ocho pronunciamientos de legisladoras, cinco resultaron verídicos, dos imprecisos y uno indeterminado, en relación al proyecto de ley sobre la despenalización del aborto por violación.
La verificación estuvo a cargo del Observatorio Legislativo, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con base al primer debate del proyecto que se dio en el Pleno el 9 de diciembre pasado y en el cual intervinieron una veintena de legisladores de distintas bancadas.
La organización no gubernamental tomó como muestra los discursos de las asambleístas Wilma Andrade y Johana Moreira, de la Izquierda Democrática (ID); Sofía Sánchez, de Pachakutik; Jhajaira Urresta, de UNES; Geraldine Weber, del Partido Social Cristiano (PSC); y la independiente Rocío Yépez.
En Ecuador, de acuerdo con los datos del Servicio de Atención Integral de la Fiscalía, las niñas y adolescentes menores de 14 años son las principales víctimas de violencia sexual, casi siempre en entornos familiares o conocidos.
Además, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2020 se registraron 1 631 nacimientos de niños vivos provenientes de niñas de entre 10 a 14 años de edad, lo que equivale al 0.6% del total de nacimientos de dicho año.
En este sentido, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura ha advertido a los Estados que tienen la obligación afirmativa de reformar las leyes restrictivas sobre el aborto que perpetúa la tortura y los malos tratos, negando a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Las tres referencias fueron presentadas al Pleno por las legisladoras Andrade, Sánchez y Yépez, en su orden, y resultaron verídicas.
En cambio, según el análisis del Observatorio, Weber incurrió en una inexactitud cuando afirmó que en 2020 un total de ocho mujeres murieron por abortar. La investigación determinó que fueron siete.
Asimismo, el Observatorio constató que no existe información pública acerca de la cantidad de personas procesadas por el delito de aborto consentido hasta julio 2021, sino únicamente hasta junio 2019, a pesar de que la asambleísta Urresta señaló que desde agosto del 2014 a junio del 2019 se dieron 286 casos, e invocó a información entregada por Fiscalía a Human Rights Watch.
La asambleísta Moreira también incurrió en una imprecisión cuando sostuvo que cuatro de cada 10 niñas menores de 14 años son violadas en Ecuador.
“La cifra mencionada por la asambleísta no es exacta, 6 de cada 10 violaciones se dan en menores de edad, no 4 de cada 10. Las fuentes públicas no especifican que esta cifra se trate de niñas de menores de 14 años”, concluyó el Observatorio.
En cambio, Moreira no se equivocó al referir que, según el informe del Estado mundial de población hasta 2013, Ecuador es el tercer país a nivel de Latinoamérica con la tasa más alta de embarazo en adolescentes (10-19 años), después de Nicaragua y República Dominicana.
El análisis se difundió antes de que el Pleno sea convocado al segundo debate del proyecto de ley, un tema en el cual la mayoría de bancadas dejaron en libertad a sus integrantes para una decisión.
Otra de los debates en el Pleno que mayor relevancia tuvo el año pasado se centró en la reforma tributaria. De doce chequeos realizados por el Observatorio, nueve pronunciamientos resultaron verídicos, dos imprecisos y se expuso una verdad a medias.
El Observatorio Legislativo anunció que “presentará mensualmente este informe, con el objetivo de mejorar la calidad de debate en el Pleno con base en datos, estadísticas y evidencias”.
