Íñigo Salvador presentó su renuncia irrevocable a la Procuraduría

Íñigo Salvador Crespo informó este 9 de noviembre de 2022 que presentó su renuncia irrevocable al cargo de Procurador General del Estado. Justifica que se cumplió su periodo de gestión y que ya se designó a su reemplazo, Juan Carlos Larrea.  La decisión de Salvador se conoció a través de un comunicado difundido en la […]

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Íñigo Salvador Crespo informó este 9 de noviembre de 2022 que presentó su renuncia irrevocable al cargo de Procurador General del Estado. Justifica que se cumplió su periodo de gestión y que ya se designó a su reemplazo, Juan Carlos Larrea. 

La decisión de Salvador se conoció a través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Twitter de la Procuraduría. 

En el documento, puntualiza que el 31 de julio de 2022 se culminó el periodo de cuatro años para el que fue designado como Procurador, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, en el 2018. 

Resume algunas actividades que realizó durante su gestión, como el diseño y la ejecución del nuevo modelo denominado la Procuraduría del futuro. “Cumplidas las metas que dejo resaltadas y habiéndose ya designado legalmente a mi sucesor, he presentado el día de hoy mi renuncia irrevocable al cargo de Procurador General del Estado”, destaca en el mensaje escrito al país. 

Tras el anuncio de Salvador, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, dispuso que la sesión 810 del Pleno se lleve a cabo este 10 de noviembre. Se realizará a las 09:10 y en el segundo punto del orden del día consta la posesión de Juan Carlos Larrea como nuevo Procurador General. Fue designado al cargo el 20 de octubre por el actual Consejo de Participación. 

Salvador dice que desde esa fecha ha esperado ser legalmente reemplazado. Destaca haber completado su periodo sin ser forzado a una terminación prematura o abrupta ni haberse extendido. Eso “es una clara muestra de que he cumplido la gestión encomendada con apego a la ley”, declara. 

Cuestionamientos a Larrea 

Larrea, guayaquileño de 51 años, es abogado y en su perfil profesional consta que trabajó en la banca privada. Según su hoja de vida, se desempeñó como Asistente legal y Subgerente del Departamento legal del Banco de Guayaquil entre los años 1995 y 1999. 

Tras la designación, el consejero David Rosero cuestionó a Larrea al mencionar que eso le conviene al Gobierno por provenir del “sector de los empresarios”. Además, reprochó a la nueva autoridad, al señalar que es accionista del Banco de Guayaquil. “Lamentable vinculación de quien debe defender los intereses del Estado. Esta nueva información confirma mi decisión de no haber votado por el Procurador”, publicó en su Twitter el 21 de octubre. 

Larrea fue designado con cuatro votos de apoyo, de los consejeros Hernán Ulloa, Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo e Ibeth Estupiñán. Fue el único postulante que no recibió impugnaciones, a diferencia de los otros dos candidatos de la terna del Ejecutivo (Yolanda Salgado y Juan Izquierdo). A Larrea le corresponde actuar, luego de su posesión, hasta el 2026. 

Gestión de Salvador 

En el documento, Salvador resalta haberse concentrado en la lucha contra la corrupción a liderar acusaciones particulares y contribuir a obtener sentencias condenatorias. Durante su periodo la Corte Nacional de Justicia dictó sentencia de ocho años para el expresidente Rafael Correa, entre otros, por el delito de cohecho en el caso Sobornos 2012-2016. 

Menciona que planteó demandas en Tribunales arbitrales y Cortes extranjeras para exigir el cumplimiento de obligaciones a favor del Estado, así como acciones de nulidad por procesos en los que Ecuador ha sido condenado por incumplimientos. 

Una de las últimas acciones realizadas antes de la renuncia de Salvador es la notificación presentada el 7 de noviembre para invocar la jurisdicción discrecional de la Corte Suprema del Estado de Florida (EE.UU.). Ese recurso corresponde al caso que sigue el Ecuador en contra de los hermanos Isaías. 

Comunicado oficial de la Procuraduría General del Estado.
Comunicado oficial de la Procuraduría General del Estado.

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