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Iza, Hernández, Pabón y Vargas, entre quienes reciben amnistía

La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, está entre las personas que recibieron la amnistía de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo EL COMERCIO

Las amnistías concedidas por el Pleno de la Asamblea Nacional beneficiaron a la prefecta Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández, al activista Christian González y a otros dirigentes sociales del Ecuador.

En agosto del 2020, Pabón, Hernández y González fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de rebelión durante las protestas de octubre del 2019.

Los tres procesados tenían medidas alternativas a la prisión. Todos debían presentarse semanalmente en una oficina fiscal, tenían prohibido salir del país y debían usar grillete electrónico. Ahora estas medidas quedarían sin efecto.  

60 personas estaban judicializadas por presuntos delitos cometidos durante las manifestaciones del octubre del 2019, sin embargo, este jueves 10 de marzo del 2022 fueron amnistiados. Por ejemplo, el exasambleísta Yoffre Poma fue uno de los beneficiados. Él enfrentó un proceso por paralización de servicio público

Líderes indígenas  

En la lista de amnistiados también está Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y los dirigentes indígenas Jaime Vargas y Marlon Santi.  

Iza era investigado por cuatro delitos: secuestro, instigación, daño a un bien ajeno, terrorismo. Vargas, en cambio, por cinco ilícitos: secuestro, terrorismo, instigación, grupos subversivos y actos de odio. Santi únicamente era indagado por el delito de grupos subversivos.  

Estos procesos judiciales en contra de los líderes indígenas se encontraban como investigación previa, es decir, permanecían en la primera fase del proceso penal.  

Incendio de la Contraloría

Entre los beneficiarios también están los 27 procesados por el incendio del edificio de la Contraloría. En marzo del 2021, ellos fueron llamados a juicio por la jueza Ana Guerrón, durante una audiencia en el Complejo Judicial Norte de Quito.  

Esas 27 personas habrían sido juzgadas por los delitos de sabotaje, paralización de servicio público y destrucción de registros, en un concurso ideal de delitos.