Pleno de la Asamblea concluyó el primer debate de la Ley de Áreas Protegidas

El primer debate del proyecto de Ley sobre Áreas Protegidas giró en torno a la creación de una empresa pública y la consulta previa.

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El Pleno de la Asamblea concluyó el primer debate del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de la Gestión y Gobernanza del Sistema Nacional de Áreas Protegidas la tarde de este 2 de julio de 2025.

La Comisión de Desarrollo Económico sesionará nuevamente para recoger las observaciones emitidas por los asambleístas en el Pleno y elaborar el informe para segundo debate.

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El primer debate del Pleno de la Asamblea de la Ley de Áreas Protegidas

El primer debate de la Ley sobre Áreas Protegidas inició con la intervención de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Valentina Centeno (ADN), en el Pleno de la Asamblea.

Centeno señaló que este proyecto, enviado por el presidente Daniel Noboa como urgente en materia económica, tiene tres objetivos:

  • Mejorar la infraestructura y los servicios existentes en las áreas protegidas
  • Proteger a los guardaparques
  • Combatir la minería ilegal, la tala y crímenes o delitos como el tráfico de combustible.

La asambleísta oficialista dijo que hay 78 áreas protegidas en Ecuador; 36 de estas tienen enfoque turístico y están en mal estado.

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Además, 2 500 especies que se encuentran en las áreas protegidas están amenazadas. Ecuador es el segundo país con riesgo de extinción de especies.

En cuanto a la consulta previa, libre e informada, Centeno aseguró que esta ley no la modifica ni la cambia; más bien, la garantiza y la respeta.

Sobre la minería ilegal, Centeno informó que cerca de 400 hectáreas de áreas protegidas están tomadas por la minería ilegal.

Empresa Pública para áreas protegidas

En el debate, los asambleístas del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC), señalaron que con este proyecto existe riesgo de privatización de las áreas protegidas.

Ana Belén Yela (RC) señaló que el proyecto plantea la creación de la empresa pública para las áreas protegidas, que tiene lógicas económicas y no de conservación.

Yela agregó que no se tomó en cuenta la propuesta de crear el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. “Preocupa una vez más que haya la intención encubierta de privatización de las áreas protegidas”, indicó.

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Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), coincidió en la necesidad de crear un Servicio en lugar de una empresa pública, que lo que buscará es rentabilidad.  

“No podemos entregarle a una empresa pública el manejo de las áreas protegidas del país”, señaló Serrano.

Consulta previa

Aunque la asambleísta del oficialismo, Valentina Centeno aseguró que se respeta la consulta previa; Verónica Íñiguez (RC) sostuvo que se está dejando fuera a los pueblos y nacionalidades indígenas que viven en las zonas de influencia de las áreas protegidas.

“Esta consulta se la nombra en la Constitución para las actividades extractivistas como la minería. Es decir, ¿estamos dejando una puerta abierta para que en estos espacios se pueda permitir la minería?“, preguntó Íñiguez, en el Pleno.

Cristian Benavides, asambleísta independiente, advirtió que existe un posible vicio de nulidad por la intervención de proyectos y fuerza pública en áreas protegidas, sin consulta previa.

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Señaló que este derecho colectivo debe ser garantizado por el Estado y sus autoridades.

En tanto, Carmen Tiopul, de Pachakutik, sostuvo que no apoyarán ningún proyecto de ley que atente derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Los asambleístas correístas también señalaron que esta propuesta incluye la remisión de deudas a los pescadores y la remisión de intereses de los deudores de la Corporación Financiera Nacional.