Daniel Noboa remitió a la Asamblea un proyecto de ley económica urgente que permitiría delegar la gestión de zonas naturales a empresas privadas, nacionales o extranjeras. La propuesta busca enfrentar delitos como la minería ilegal y habilitar esquemas de inversión sostenibles.
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Propuesta de ley para áreas protegidas y amenazadas por la minería ilegal
Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley económica urgente que plantea permitir la intervención del sector privado en la gestión de las áreas naturales protegidas del Ecuador.
La iniciativa, que se presenta bajo el título de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local, fue calificada de urgente en materia económica por el Ejecutivo y busca enfrentar amenazas como la minería ilegal, el narcotráfico y la tala indiscriminada, que han penetrado incluso en zonas de conservación ecológica.
Para ello, se plantea la atracción de inversión privada en proyectos sostenibles.
Según el proyecto, las áreas protegidas podrán ser administradas por entes públicos o a través de contratos con empresas privadas, nacionales o internacionales, siempre que se cumplan causas lícitas como la prestación de servicios turísticos, investigación científica o conservación ambiental.
La vigilancia en estas zonas podrá estar a cargo de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, bajo el modelo de gestión y compensación que se determine, además de los guardaparques, y se apoyará en tecnología de monitoreo.
Áreas protegidas en riesgo por economías criminales en la ley de áreas protegidas
La propuesta parte del reconocimiento de un contexto crítico. En la exposición de motivos, el Gobierno sostiene que los grupos armados y bandas del crimen organizado han encontrado fuentes de financiamiento en actividades ilegales dentro de las áreas protegidas, como la pesca y minería ilegales, caza furtiva y tráfico de especies.
Uno de los hechos que cita el documento como antecedente es el ataque del 11 de mayo de 2025 contra militares que realizaban un operativo contra la minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana.
Según el Ejecutivo, este tipo de situaciones justifican una “respuesta emergente” del Estado.
Atracción de inversiones y turismo sostenible
La ley busca generar un marco normativo que facilite la atracción de inversión privada nacional y extranjera. Para ello, propone mecanismos contractuales entre el Estado y el sector privado para operar servicios turísticos o ambientales en zonas protegidas, bajo condiciones de corto y mediano plazo.
También se plantea permitir el ingreso de propuestas de iniciativa privada, sujetas a oposición pública. En caso de que los contratos impliquen desembolsos públicos, deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
Uno de los objetivos centrales del proyecto es impulsar el turismo ambiental como motor de desarrollo económico local.
El documento indica que en 2023 se invirtieron más de 11 millones de dólares en 96 proyectos de turismo. La mayoría de estos recursos se destinaron al fortalecimiento de actividades turísticas, según el Censo de Información Ambiental Económica en los GAD Provinciales.
Sin embargo, la falta de infraestructura y seguridad ha limitado su impacto, sobre todo en zonas con altos niveles de pobreza.
Una ley alineada al Plan Nacional de Desarrollo
El Gobierno argumenta que la propuesta cumple con los criterios de urgencia económica establecidos por la Corte Constitucional. Entre las razones expuestas constan un déficit fiscal de 726 millones de dólares y la protección de recursos estratégicos. También se señala la necesidad de reactivar sectores económicos afectados por la inseguridad.
Además, la norma se alinea con varios objetivos del Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025. Destaca especialmente su vínculo con el combate a las economías criminales, la conservación ambiental y la generación de empleo digno.
El documento también recuerda que el artículo 313 de la Constitución reconoce a los recursos naturales no renovables como sectores estratégicos de gestión exclusiva del Estado.
Más información sobre la propuesta: Tercera ley urgente del Ejecutivo se centra en el desarrollo local y el turismo
Remisión de deudas para apoyar a la pesca artesanal
El proyecto incluye una disposición general que condona el 100% de los cánones vencidos de arrendamiento, intereses y multas en infraestructura portuaria artesanal.
Esta medida beneficiaría a los pescadores artesanales y organizaciones de la economía popular y solidaria. La entidad arrendadora deberá emitir la normativa correspondiente en un plazo de 30 días tras la publicación de la ley.
